El desgobierno del territorio
AA la memoria de Bárbara Daniela unque fueron dos los acontecimientos violentos que enlutaron a quienes formamos parte de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, por razones de espacio y en solidaridad con los estudiantes del Departamento de Estudios Internacionales donde imparto clases; en esta ocasión, me referiré únicamente al deceso de la estudiante de segundo semestre de dicha carrera, Bárbara Daniela Guerreo Beltrán, y reservaré mi opinión sobre la muerte de la estudiante de Derecho para mi siguiente colaboración.
Al ser un atropellamiento en el que se vio involucrada una unidad de transporte público de pasajeros, lo que causó la muerte de la estudiante Bárbara Daniela, no es de extrañar la respuesta de la Secretaría de Movilidad para resolver de manera inmediata, la cancelación de las concesiones otorgadas “a particulares que operaban de la ruta 275 F, compuesta por tan sólo nueve camiones”(MILENIO JALISCO, 10 de octubre). Lo que definitivamente si es de extrañar es que los peritajes y auditorías practicadas por la autoridad competente en materia de movilidad, se limiten a los responsables operativos de la susodicha ruta de transporte.
El suceso bien amerita una reflexión más amplia sobre las incapacidades directivas de los tres órdenes de gobierno para poner orden en esa zona conflictiva de la ciudad: lo mismo por la impotencia mostrada por parte del gobierno del Estado, para lograr que esta ruta específica de transporte evolucionara hacia aquel nuevo modelo de operación del transporte basado en la ruta-empresa al que se comprometió como meta y que buscaba precisamente transcender ese tan pernicioso como obsoleto esquema de operación basado en el hombre-camión; que la incompetencia mostrada por el gobierno de Guadalajara para ejercer eficazmente la facultad municipal establecida por la fracción V, inciso h) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para “intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial” en los términos de las leyes federales y estatales relativas; así como la indolencia en el cumplimiento de la función de supervisión que eventualmente es esperable del gobierno federal, particularmente sobre la suficiencia de las medidas de seguridad vial que debieron implementarse en la zona, por parte de los contratistas responsables de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero. El cúmulo de tales incapacidades directivas de los gobiernos abonó, no sólo a la inseguridad vial, sino a las condiciones de desgobierno que imperan.