Assange presenta demanda contra normativa de asilo
El documento cita que la embajada de Ecuador no podrá pagar los gastos generados por el activista australiano a partir del 1 diciembre
El creador de WikiLeaks, Julian Assange, recluido desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, presentó a través de abogados una demanda constitucional en Quito para evitar la aplicación de restricciones a su asilo.
La acción de protección, presentada ante un tribunal ecuatoriano por el ex juez español, Baltasar Garzón, director de la defensa de Assange, también busca impedir que sea aplicado un protocolo con reglas para las visitas, las comunicaciones, cortadas desde marzo pasado, y hasta la salubridad, cuyo incumplimiento derivará en la “terminación del asilo”.
“Se trata de una actuación unilateral y desde nuestro punto de vista arbitraria”, afirmó Garzón al respecto.
El protocolo, divulgado esta semana por un portal ecuatoriano, cita que la embajada no podrá pagar alimentación, cuidados médicos, lavandería y otros gastos relacionados con la “estadía” de Assange en la legación en Londres a partir del próximo 1 de diciembre.
De acuerdo a los abigados del australiano, dicho documento no es legal pues hace “depender el asilo político de Assange de la censura de su libertad de opinión, expresión y asociación”.
Por su parte, el canciller ecua-
La embajada no podrá pagar gastos relacionados con su “estadía”
Julian mantiene su temor de que al salir de la embajada deba enfrentar a la justicia
toriano, José Valencia, afirmó que la serie de medidas emitidas para regular las condiciones de vida del activista cuenta “absolutamente con todo el respaldo judicial (y) legal del caso”.
Agregó también que responderán a la demanda “de manera adecuada, siguiendo el apego al derecho”.
Assange ingresó en la embajada de Ecuador hace seis años, para evitar ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar acusaciones por supuestos delitos sexuales que no prosperaron.
Assange mantiene su temor de que al salir de la embajada deba enfrentar a la justicia de Reino Unido, que lo puede extraditar a EU para ser juzgado y condenado incluso con pena capital por haber develado documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán.