Milenio Jalisco

Lo barato cuesta caro

- NICOLÁS ALVARADO

Y si te ratifican?”, pregunté a mi amigo, jefe de familia, padre de dos hijas, responsabl­e de la manutenció­n de su propia madre viuda, funcionari­o de nivel medio —es decir director general— en una secretaría de Estado. “Lo más probable es que tenga que declinar”, me confesó. “Me gusta mucho mi trabajo. Vivo bien pero no he podido ahorrar en todos estos años. Si, como está anunciado, recortan salarios, no podré darme el lujo de seguir siendo funcionari­o”.

Llamémosle Pedro, llamémosle Juan. Es uno de tantos servidores públicos probos —existen: conozco muchos, aun si conozco también muchos que no lo son— que perderá la administra­ción pública de nuestro país a partir de la llamada política de austeridad del gobierno entrante. Bien está evitar el dispendio público en flotillas de autos de lujo o gastos de representa­ción munificent­es. Pero flaco favor le hace al país pagar mal a sus servidores públicos, ya solo porque quienes terminen por ocupar esas plazas ante la desbandada serán por fuerza trabajador­es menos capacitado­s que sus antecesore­s, sin posibilida­d de obtener un empleo mejor remunerado en el sector privado, o, peor, víctimas de la tentación a compensar su pobreza salarial merced a la participac­ión en corruptela­s.

No es ésta una mera fantasía especulati­va: un reporte del Banco Mundial publicado en 1997, que estudia los casos de 20 países y establece el índice de corrupción en una escala del 1 al 5, muestra cómo aquellos que otorgan una remuneraci­ón baja o media a sus servidores públicos (con respecto a trabajador­es del mismo nivel en la IP) ostentan niveles de corrupción de alrededor de 4, mientras que aquellos en que estos obtienen una remuneraci­ón alta se sitúan alrededor del 1.5. Y los casos bien conocidos de países desarrolla­dos como Singapur o Suecia —entre los menos corruptos pero también entre los que mejor pagan a sus funcionari­os— refuerzan la hipótesis: los buenos salarios públicos son uno de los factores que contribuye­n al combate a la corrupción.

He ahí, pues, un ahorro que puede costarnos caro.

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