Las consultas que vienen
No hay precedente en el país de grandes proyectos de inversión sometidos a consulta ciudadana. Pareciera que el capital financiero estuviese reñido con la democracia participativa directa. Algo que no debiera ser así, ya que la tendencia democrática es que los grandes proyectos de infraestructura presenten el mayor grado de aceptación ciudadana por su menor impacto ambiental, su mayor rentabilidad social y su menor carga fiscal para los gobiernos involucrados.
Existen varios antecedentes donde se demandaba algún tipo de consulta ciudadana para las grandes decisiones políticas y económicas. En los 90, por ejemplo, se solicitó que el TLCAN se sometiera a un referendo, tal como lo hizo Europa para legitimar la formación de la UE.
Recientemente se demandó un ejercicio semejante para la reforma energética. Que pasara la prueba de una consulta popular, prevista ya en la legislación mexicana, pero fue rechazada por la Corte con el argumento de que este ejercicio no aplica cuando se involucran temas de seguridad nacional, organización y funcionamiento de las fuerzas armadas, restricción de los derechos humanos e ingresos públicos.
De hecho, varios de estos argumentos, junto con los de la competitividad y la productividad económicas, fueron esgrimidos en días previos para demeritar o invalidar el ejercicio de la consulta sobre el nuevo aeropuerto en Texcoco.
Es previsible que la defensa jurídica de los promotores de esta obra, que buscarán ampararse de los efectos vinculatorios de la consulta, vaya por esa vía, aunque sin grandes posibilidades de revertirla, porque el inversionista y el aval principal de la misma, el próximo gobierno federal, simplemente habrá de retirarse de este proyecto para redireccionar su participación hacia el proyecto que obtuvo el aval ciudadano, el triángulo aéreo Santa Lucía-TolucaBenito Juárez.
Más allá del resultado de la consulta reciente, lo que no debemos perder de vista es que este ejercicio de democracia participativa directa llegó para quedarse. La figura de la consulta popular está prevista desde 2012 en la Constitución (artículo 35), pero trae más candados que Houdini en un acto de escapismo e ilusionismo.
Lo que sigue es promover las reformas legales para que sea una práctica cotidiana, ordinaria, segura, válida y accesible a todos los ciudadanos, de tal forma que no quede duda de la importancia de la participación ciudadana como fuente de legitimidad y gobernabilidad.
Se ha anunciado que otro proyecto de infraestructura turística y económica importante, el Tren Maya, se someterá a consulta. Seguramente le seguirán el corredor transístmico, la zonas económicas francas y, por supuesto, el ejercicio político de la revocación de mandato.
Entonces, más que buscar evitar o darle la vuelta a la consulta popular, lo que debemos promover es su normalización. Y para ello las reformas jurídicas que le den certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad son de primer orden.
Se argumenta que un millón de ciudadanos que participaron en la consulta no pueden decidir por más de 80 millones de mexicanos que integran el padrón de la Nación. Puede ser. Pero un millón de electores vale un millón de veces más que el puñado de promotores y beneficiarios que definieron la obra sin más consulta que entre ellos mismos.
Más allá del resultado, no debemos perder de vista que la democracia participativa directa llegó para quedarse
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