Presumen austeridad los diputados salientes en su última sesión
Se van los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de Jalisco sin aclarar su cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 por 17 millones 411 mil 992.72 pesos.
Además, dejan en el tintero 900 iniciativas de ley sin dictaminar, entre ellas la creación de una Fiscalía Autónoma.
“Es una deuda que ojalá se subsane en la próxima Legislatura, pero no creo que se subsane, los que decían que iban a hacer las cosas distintas, lo siguen haciendo de forma igual”, denunció el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar.
Al clausurar los trabajos de la asamblea, el presidente de la mesa directiva, Jorge Arana, aseguró que la Legislatura número 61 fue “la más austera de toda la historia de Jalisco” y afirmó que fueron “ejemplo nacional”.
Incluso, descalificó los estudios que ha realizado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre el Poder Legislativo de Jalisco que lo ubica entre los más caros y poco productivos del país.
“No hubo aumento salarial en los tres años, se eliminaron gastos de representación, casas de enlace, vales de gasolina, seguros de gastos mayores y pago de celulares”, sostuvo Jorge Arana al reiterar que dejaron un ahorro de más de 260 millones de pesos.
Sin embargo, omitió señalar que durante la Legislatura se reinstalaron en total 64 trabajadores, de ellos, 52 por despido injustificado durante la 60 Legislatura. La primera basificación que realizaron los diputados salientes ocurrió el 25 de noviembre del 2015 y la última -según dicenel 10 de julio de este año.
Además, dejan pendientes 153 juicios informó -por su parte- el director jurídico del Congreso del Estado, Juan Antonio Parra Cruz.
En lo que fue el último día de la LXI Legislatura también compareció ante la Contraloría del Congreso la hoy ex diputada María del Refugio Ruiz Moreno por incurrir en presunto conflicto de intereses al contratar a un hijo.
Ruiz Moreno descartó ampararse y aseguró que “se va limpia”. De existir pruebas, el caso será turnado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para que sea quien determine la sanción.