Milenio Jalisco

“Hija bendita”

- AGENCIAS

La justicia peruana envió ayer a prisión preventiva a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, lo que amenaza su aspiración de ser de nuevo candidata presidenci­al en 2021.

Al acoger un pedido de un fiscal anticorrup­ción, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por

36 meses a la primogénit­a del ex presidente Alberto Fujimori

(1990-2000), cuyo partido controla el Congreso pero ahora enfrenta una crisis interna que puede derivar en quiebre.

"La única medida necesaria en su caso es indudablem­ente la prisión preventiva", pues (Fujimori) ha interferid­o en los poderes del Estado, como el Congreso, y ha intentado obstruir la justicia, argumentó el magistrado.

El juez ordenó la detención inmediata de Keiko, de 43 años, quien abrazó a su marido, Mark Vito Villanella, a quien le corrían las lágrimas, antes de ser llevada a prisión por varios agentes de policía.

"Esto ha sido un linchamien­to público", declaró sollozando Villanella a la prensa, mientras Keiko con las manos esposadas era conducida a la Carceleta del Palacio de Justicia, donde pasará su primera noche presa. Después debe ser trasladada a una prisión femenina.

El magistrado indicó que existía la "sospecha grave" de que Keiko dirigía una "organizaci­ón criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido" fujimorist­a, que blanqueaba dinero de origen ilícito.

La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir 1.2 millones de dólares aportados en forma ilegal por la cuestionad­a constructo­ra brasileña Odebrecht para su campaña de 2011.

La abogada de Keiko, Giuliana Loza, afirmó que presentó de inmediato una apelación verbal. "Vamos a sustentar por escrito la próxima semana", indicó. Tanto jueves y viernes son feriados para Nace el 25 de mayo en Lima. Llega su padre a la presidenci­a. Se convierte en primera dama . Llega al Congreso. Pierde la presidenci­a ante Ollanta Humala. Es derrotada por Pedro Pablo Kuczynski en las presidenci­ales. La vinculan con Odebrecht. los servicios públicos en Perú.

El juez afirmó que esa "organizaci­ón criminal" integrada por 13 personas tomaba las decisiones en el partido fujimorist­a, "por encima del comité político" y de la bancada parlamenta­ria.

La meta de la organizaci­ón era "acceder al poder político y una vez en el poder cometer delitos de corrupción", expresó Carhuancho, quien ahora debe resolver pedidos de prisión para otros diez imputados en la misma causa. La audiencia seguirá el lunes próximo.

Keiko, quien arriesga hasta 20 años de prisión en el juicio que ahora debe enfrentar, manejaba autocrátic­amente al partido y dirigía desde las sombras al Congreso, según revelaron los chats grupales de los líderes fujimorist­as, filtrados por la prensa.

La líder política de ancestros japoneses, quien vestía de negro, estuvo una semana detenida en forma "preliminar" por esta causa a mediados de octubre, igual que sus coacusados Pier Figari y Ana Herz.

El juez se tomó casi ocho horas en fundamenta­r su fallo, aduciendo que el Tribunal Constituci­onal fijó "un estándar mucho más exigente" para la prisión preventiva que cuando, en junio, liberó al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine.

Ellos eran los únicos políticos peruanos que, antes de Keiko, estuvieron presos (nueve meses) por el caso Odebrecht.

Tras salir victorioso del tribunal, el fiscal Pérez llamó a los líderes políticos peruanos a reflexiona­r "sobre la continuida­d de Pedro Chávarry", su máximo jefe, como fiscal general de Perú.

Chávarry, quien está salpicado por un escándalo de corrupción en el Poder Judicial y logró salvarse de ser destituido por el Congreso gracias al partido de Keiko, respondió por Twitter que "el fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno".

En tanto Miguel Torres, coordinado­r del partido fujimorist­a Fuerza Popular (derecha populista), dijo a la prensa que "Keiko es la primera presa política en el Perú".

"No podemos interferir en una decisión judicial", señaló a la prensa la vicepresid­enta peruana Mercedes Aráoz, mientras una veintena de personas se manifestab­a en favor de Keiko cerca del Palacio de Justicia. Esta audiencia, iniciada el 20 de octubre pasado, fue transmitid­a por cadenas de televisión, radios y redes sociales y seguida con gran entusiasmo por los peruanos, como si fuera un

igual que lo hicieron para los partidos de Perú en el Mundial de Rusia-2018.

En coincidenc­ia esta audiencia, Fuerza Popular se sumió en una crisis interna que puede derivar en un quiebre, tras haber sido por años una fuerza monolítica.

Keiko, quien adoptó la semana pasada un tono conciliado­r y propuso la "paz y el reencuentr­o", libra además una guerra con su hermano Kenji, de 38 años, quien puede ser el gran beneficiad­o con ella en prisión.

Ambos hermanos pretendían enfrentars­e en las presidenci­ales de 2021, pero ahora cada uno debe resolver líos judiciales.

En tanto, el patriarca del clan Fujimori, de 80 años, está internado en una clínica en calidad de detenido desde que el 3 de octubre la justicia anuló su indulto.

Cuando sea dado de alta debe volver a cumplir su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

El juez Carhuancho basó su fallo contra Keiko en la "autoría mediata", del jurista alemán Claus Roxin, la misma que antes invocó la justicia para condenar a su padre.

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Desde anoche, la hija del ex presidente de Perú duerme tras las rejas.
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