Iglesia católica y dinero público
El tema del recurso público que el Estado –cualquier Estado- da a la iglesia Católica no es nuevo. Quizá lo nuevo sea que apenas –algunos- nos hemos venido a enterar de esta situación. El origen de esta práctica varía según el país. En Argentina, por ejemplo, se remonta a 1821 y, como un último acuerdo, allá por 1979 con el dictador Jorge Videla, se consiguió el pago del salario de los sacerdotes y su pensión vitalicia. En España, en cambio, se origina hacia el fin de la dictadura franquista, casi recién decretada la Constitución –allá por 1978- pero bajo la justificación de un concordato entre el gobierno español y la Santa Sede.
Los concordatos tienen alcances y privilegios diferentes según el país con el que se firme y los acuerdos que se hubieren negociado. En Alemania, el Estado paga los sueldos de los profesores católicos que imparten clase de teología y, además, todos los creyentes bautizados (católicos o no) están obligados a pagar el llamado “impuesto eclesiástico”. El 8 o 9% de los ingresos de una persona le son retenidos para otorgárselos a la Iglesia Católica. Además del tema del dinero público, los concordatos se han especializado en manipular tanta legislación les sea posible, a fin de garantizar que la educación que imparta el Estado se de tipo confesional, pagar docentes universitarios, mantener universidades en Teología y un largo etcétera.
En nuestro país, el asesinato del escolta del ex arzobispo de México, Norberto Rivera, reveló que el Estado pagaba los sueldos de los escoltas, cuyo monto mensual rayaba en los ochenta mil pesos. .
Así las cosas, la renuncia al dinero público por parte de la iglesia Católica en Argentina, lejos está de ser un acto caridad y arrepentimiento unilateral que deba aplaudirse. La lucha entre Mauricio Macri, presidente de Argentina, con el Papa por el tema de los salarios de los obispos, ha supuesto una victoria para el presidente pero el costo social se prevé muy alto para Macri. Medios argentinos han afirmado que la negociación supondría el perdón a las cientos de sacerdotes que han abusado sexualmente de miles de niños en aquella república. Y solo el tiempo nos dirá si eso pudo ser cierto o si la presión social obligó a la iglesia Católica a renunciar a ese recurso público.