Impunidad en homicidio doloso en México

La violencia en México alcanzó en 2017 uno de los puntos más altos en la historia reciente del país. Aún con diferencias entre las cifras de homicidios dolosos registrados por las instancias oficiales (Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), la tendencia se confirma: al 31 de diciembre de 2017, el Inegi registró 31 mil 174 víctimas de homicidio intencional durante el año, mientras que el secretariado reportó 29 mil 139 víctimas por dicho delito.

De hecho, México se sitúa entre los países más violentos del mundo, ya que de acuerdo con los datos recopilados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la incidencia de homicidios intencionales, la tasa de homicidios del país está solo por debajo de naciones como El Salvador, Honduras, Venezuela, Jamaica, Sudáfrica, Brasil, Bahamas, Guatemala y Colombia. En 2016, México fue el país más violento de la OCDE.

En este mismo sentido, los homicidios (catalogados como agresiones en las causas de mortalidad del Inegi) representaron el 3.6 por ciento del total de muertes registradas, la séptima causa de muerte en todo el país. La situación se muestra más preocupante al analizar las causales de muerte por grupo de edad, ya que los homicidios intencionales son la principal causa en personas de 15 a 39 años.

De acuerdo con los datos de víctimas del secretariado, en la mayoría de las entidades del país, con excepción de Campeche, Durango, Morelos y Yucatán, hubo un aumento en la cantidad de víctimas de homicidio intencional entre 2016 y

2017. Hubo entidades donde el aumento fue incluso superior al

100 por ciento, como en Nayarit

(742.9 por ciento), Baja California Sur (228 por ciento) y Quintana Roo (169.9 por ciento).

Ante esta ola de violencia, resulta indispensable contar con indicadores acerca de cómo el Estado afronta el problema. La impunidad es, en términos simples, la ausencia de castigo a los responsables de cometer un delito, y es uno de los indicadores más contundentes para medir la ineficacia del discurso y del sistema penal. De forma particular, resulta importante estimar la impunidad en homicidio doloso, ya que este delito viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida.

Nuestra Constitución Política establece como objeto del proceso penal “el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. La forma más común y que facilita hacer un análisis comparado, es medir la impunidad agregada, es decir, dividiendo el número de casos en los que se establecieron responsabilidades entre el número de casos registrados. Se tienen dos variables principales, la capacidad de respuesta del Estado y la incidencia delictiva.

En nuestro último estudio, realizado para Impunidad Cero en diciembre de 2016, utilizamos las sentencias condenatorias por el delito de homicidio doloso para estimar la capacidad de respuesta del Estado frente a la crisis de violencia. Cabe resaltar que cada vez resulta más difícil acceder a información sistemática, completa y suficientemente desagregada de esta y otras variables claves del sistema de justicia a través de los proyectos estadísticos vigentes del Inegi. A partir de 2013, hemos trabajado en la construcción de una base de datos mediante solicitudes de acceso a la información hechas a cada una de las entidades federativas, siendo que anteriormente se podía conocer a través de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal. Sin embargo, varias entidades del país reportan que no registran la información de las sentencias en este nivel de desagregación, por lo que no se cuenta con información para todas las entidades.

La incapacidad de respuesta del Estado ante la comisión de uno de los delitos más graves, como lo es el homicidio doloso, ha permanecido constante en los últimos 20 años. Es decir, a pesar del aumento en la incidencia delictiva, la cantidad de investigaciones concluidas, procesos y sentencias por homicidio no ha cambiado. Entre

1997 y 2012, el número máximo de condenas por homicidio fue de 4 mil 803, en 2005, mientras que el número mínimo registrado de homicidios se dio en

2007, cuando se iniciaron 10 mil 253 investigaciones, y el número máximo se dio en 2011, cuando la incidencia fue de 21 mil 736.

A partir de 2013 se observa una situación preocupante al analizar la tendencia de las condenas y los homicidios de las entidades para las que se tiene información completa del periodo: el número de sentencias condenatorias va a la baja, mientras que los homicidios siguen al alza, ampliando así la brecha que representa el nivel de impunidad.

Para 2017, se obtuvo información sobre condenas por homicidio intencional para 24 de las 32 entidades del país, teniendo así que la impunidad promedio entre estas entidades fue de 87.5 por ciento. En la versión anterior de nuestro estudio, publicado a finales de 2016, se señalaba que la impunidad para el homicidio intencional en México era de 78.6 por ciento. Solo en cinco estados del país se inicia una investigación de homicidio doloso por cada víctima; en las demás, el número de investigaciones iniciadas es menor al número de víctimas. La impunidad que aquí se presenta se calculó mediante la relación entre condenas por homicidio doloso e incidencia delictiva.

Las entidades que se sitúan como las más impunes del país son Oaxaca (99.4 por ciento), Morelos (99.3 por ciento), seguidas de Guerrero (98 por ciento), Chiapas (96.8 por ciento) y Baja California Sur (95.9 por ciento). En el otro extremo se ubican Yucatán (con -4.3 por ciento), Durango (52.4 por ciento), Hidalgo (52.6 por ciento), Ciudad de México (65.8 por ciento) y Nuevo León (74.8 por ciento).

Los países con menor impunidad en homicidio intencional presentan tasas menores a 25 por ciento, por lo que resulta evidente que el reto de México es enorme. Solo Yucatán presentó cifras negativas (lo que se explica por la resolución de casos de años anteriores), como se han dado en Italia o Japón. El resto de las entidades presentan cifras alarmantes de impunidad, algunas con niveles superiores a las tasas observadas en Honduras y Guatemala (90.8 por ciento y 95.5 por ciento, respectivamente).

Los hallazgos de esta investigación dejan en manifiesto el fracaso de las estrategias para contener la violencia, así como la gran incapacidad del sistema para esclarecer los homicidios, capturar y procesar a los probables responsables. Se debe de trabajar a la par en acciones que contengan y reduzcan la violencia que afecta a la gran mayoría de las entidades del país, y se debe mejorar urgentemente la capacidad de investigación y disuasión penal del Estado.

Se debe trabajar en acciones que frenen la violencia y mejorar urgentemente la disuasión penal