Impunidad del homicidio doloso en Jalisco
En 2017, Jalisco alcanzó su punto más alto de violencia en su historia reciente, ya que 1,580 personas fueron asesinadas, una tasa de 19.5 homicidios por cada cien mil habitantes, indicador por debajo de la media nacional: 23.6, pero por encima de la media Latinoamericana (16) y muy por encima de la media mundial (6).
Algunas entidades presentan cifras incluso mayores a tasas observadas en países como Honduras (56.5) y Venezuela (56.3). En 2017, Baja California Sur encabezó el listado de las entidades más violentas del país, con una tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes de 69.15, seguido de Guerrero (64.26), Baja California (58.36), Sinaloa (43.80) y Chihuahua
(41.72). En la parte baja de la lista se ubican Yucatán
(2.12), Aguascalientes (6.13), Hidalgo (6.79), Campeche (7.17) y Coahuila (7.62).
De 2005 a 2013 Jalisco era uno de estados con menor impunidad en este delito y de los pocos que presentaba una tasa creciente de condenas a homicidas, pasando en ese periodo de 209 condenas por homicidio intencional a 419, un 100% de incremento. A partir de entonces la tendencia ha sido decreciente hasta llegar a 238 en 2017.
La impunidad para este delito pasó de 30% en 2004 y Los asesinatos aumentaron un 100%. ESPECIAL
35.5% en 2007 a 84.9% en 2017, apenas se sancionó uno de cada siete homicidios. Está apenas por debajo de la media nacional de impunidad para este delito de 87.5%.
Las entidades que se sitúan con mayor impunidad en homicidio doloso son Oaxaca y Morelos (99.4%), Guerrero (98.2%), Chiapas (97.1%) y Baja California Sur (96.9%). Como las menos impunes se ubicaron Yucatán
(-4.3%), Durango (52.4%), Hidalgo
(62.6%), Ciudad de México (65.8%) y Nuevo León (74.8%).
Estas cifras ponen en evidencia el fracaso de las estrategias para contener la violencia y de la poca capacidad de investigación y disuasión penal del Estado mexicano, por lo que se debe trabajar en ambos términos del cociente de la impunidad para afrontar esta problemática. Claro que es necesario contar con información confiable para realizar un análisis riguroso de la situación con la finalidad de armar un diagnóstico completo del problema.
Deben diseñarse e implementarse políticas públicas integrales para atender las causas y efectos del problema. Por una parte, dentro de las Procuradurías y Fiscalías es necesario implementar modelos de investigación donde trabajen los ministerios públicos, policías y peritos de forma coordinada, apoyados por áreas de inteligencia y grupos tácticos para realizar operativos, actos de investigación o captura. También es necesario adoptar mejores modelos de gestión dentro de las instituciones, y establecer un verdadero servicio civil de carrera para fomentar la profesionalización.
Se debe atender también de manera focalizada a los grupos en riesgo y vulnerables, así como impulsar estrategias de prevención social y situacional de la violencia. El seguimiento de los casos resueltos en los municipios mediante la justicia cívica, y en las entidades a través de la justicia alternativa es necesario, para evitar que los casos que se tratan en estas vías puedan escalar a mayores niveles de violencia. A su vez, debe trabajarse en la prevención terciaria, es decir, en verdaderas políticas de reinserción social en los centros penitenciarios, para evitar que las personas que recuperan su libertad vuelvan a delinquir.
Los niveles de impunidad en homicidio doloso en México han llegado a un punto máximo y es necesaria una transformación institucional para contener y reducir la impunidad. Aunque sabemos que la impunidad es un problema multifactorial, una cosa resulta evidente: los delitos de alto impacto solo pueden ser combatidos reduciendo la impunidad, y así recuperar la tranquilidad de la población y la legitimidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad de las personas.
Los niveles de impunidad en homicidio doloso en México han llegado a un punto máximo