Ya no serán “verdes”, serán azules
Ala vez que asoma una de las primeras grandes decepciones para quienes vieron en Andrés Manuel López Obrador el “hasta aquí” de la violencia generalizada, de la “pacificación” del país y de las promesas para que la estrategia contra la inseguridad cambie radicalmente y gire hacia la menor intervención de las fuerzas armadas, pues resulta que no será de esa manera. La verdad y a dos semanas de que asuma formalmente la presidencia, el hasta ahora “electo” ya arrastra con una carga que se ha ido acumulando en un afán de adelantar vísperas, como nunca se había visto en ninguna transición.
Pero, ya con la decisión ciudadana tomada e irreversible, sólo queda ver más claramente lo que nos espera en, al menos, los siguientes seis años y, créase, las esperanzas de muchos empiezan a verse atenuadas por decisiones que, a más de contradictorias, en ocasiones parecen no tener ni pies ni cabeza. Gracias a la docilidad de sus legisladores morenistas que aplican una aplanadora que recuerda tanto la de las monarquías priistas, los cambios jurídicos están a la vista y habrá “Guardia Nacional”.
¿Y qué es eso? Pues habría que recordar que hace exactamente un año cuando López Obrador daba a conocer su “Proyecto de Nación 18-24”, en el que proponía dicha Guardia, en sus propias palabras hablaba del “retiro paulatino y programado de las fuerzas armadas (en cuestiones de seguridad pública), excepto donde el Ejército sea aún necesario” (ver Milenio 22/Nov. 2017). Esta postura la mantuvo públicamente durante toda su campaña, incluso en videos y promocionales, censurando acremente a sus dos inmediatos antecesores por la “fallida estrategia” de querer “apagar fuego con fuego”, empleando a las fuerzas castrenses y convertido el país “en un panteón”.
Luego, su ya entonces prospectado Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a pocos días de la elección reiteró la posición y dijo que la Guardia Nacional sacaría a los soldados de las calles y que el retiro sería “gradual como lo recomiendan los organismos internacionales”. Ni qué decir de la fuerza con la que se impugnó la Ley de Seguridad Interna aprobada desde diciembre anterior, al grado que en estos días la Suprema Corte la abolió totalmente por el “inconstitucional” uso del Ejército en las tareas. Entonces, ¿ahora quién les entiende cuando la susodicha Guardia estará compuesta por elementos de todas las fuerzas armadas más los policías federales y encabezadas ¡por el mismísimo Secretario de la Defensa!? Entonces, ¿para qué crear la Secretaría del ramo y sacarla de Gobernación? Para el caso, lo mismo daba.
Las reacciones no se hicieron esperar y hasta el colectivo “SeguridadSinGuerra” (unas trescientas organizaciones) y que tanto aplaudió los anuncios anteriores, ahora se convierte en la punta de la oposición ya que, a su decir, es enorme, frustrante la decepción. La Asociación Internacional de Derechos Humanos ya también calificó de aberrante error la determinación, y falta mucho por pasar los siguientes días. En cambio, y vaya usted a saber por qué, cúpulas supuestamente críticas como la Coparmex, vieron “con buenos ojos” la propuesta, aunque estamos viendo un extraño “coqueteo” en el que López Obrador y varios de los que una vez consideró pilares de la “mafia del poder”, hasta buscan la integración del llamado Consejo Empresarial de AMLO.
Lo más grave del asunto es que para nada se han tomado en cuenta ni estados y mucho menos los municipios. Es probable que los gobernadores y alcaldes le sirvan de “florero” a López Obrador ya que aunque es un problema que atañe directamente a los gobiernos locales se ha carecido totalmente de diálogo o concertación e inclusive, se pretende establecer “consejos de seguridad” que serán encabezados -el colmo del centralismopor los “superdelegados”, sin importar que varios de ellos de seguro serán como el de Jalisco, Carlos Lomelí, más enfocado al perfil político y a su futuro personal, que con algún conocimiento ya no digamos especialidad indispensable en el tema. Escuetamente se piensa en “coordinación” pero, la verdad, no se ve cómo va a cuadrar toda esta estructura tan centralizada con las políticas propias que, ejerciendo su soberanía, deberán aplicar los gobiernos de los estados y de los municipios de todo el país. Convertir casi por decreto a los soldados en policías resulta incongruente con su función real, su base de entrenamiento militar y, desde luego, su verdadera misión en el país.
Pero esto apenas comienza y, claro, ojalá y, de cualquier manera, se cumplan las metas de lucha contra la inseguridad, nuestro principal problema. Habrá que esperar cómo reaccionan los gobernadores, los congresos locales, los organismos públicos y sociales, la población misma, ante estos proyectos que vendrán del centro. De momento, simplemente se ha desdeñado, minimizado, más bien anulado a las entidades y sus gobernantes en el proyecto de la Guardia Nacional y de las nuevas políticas para combatir el crimen. La duda que queda es si a los soldados ya no les podamos decir los “verdes” porque, al convertirse con la varita mágica en policías, ahora serán azules. Y asunto resuelto.
Sólo queda ver más claramente lo que nos espera en, al menos, los siguientes seis años