Desechó el Poder Judicial 83 pruebas ilegales de PGR
Buena parte de la investigación de la PGR para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa quedó en entredicho por diversas violaciones a los derechos humanos
La juez a cargo del caso Iguala desestimó testimonios por haber indicios de que PF, Sedena y Marina incurrieron en violaciones a derechos humanos.
El Poder Judicial desechó 83 declaraciones de la causa penal 66/2015-II (Caso Iguala) en las que la PGR basa buena parte de la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto pone en entredicho la narrativa de su “verdad histórica”, que ha sostenido desde enero de 2015.
En la obtención de 27 declaraciones de imputados, se documentaron actos de “tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, según la resolución emitida el pasado 25 de octubre por la juez primera de distrito de procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos.
En 74 casos se desecharon testimonios de acusados, porque fueron objeto de “detenciones ilegales” y en 13 hubo “detenciones prolongadas” fuera de la ley. En seis casos se presentaron los tres actos ilegales. Ante estas irregularidades, la juez decidió desechar los testimonios inculpatorios de Agustín García Reyes, El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; y Patricio Reyes Landa, El Pato.
Ellos sustentaban la narrativa del asesinato de los estudiantes, la quema de sus cuerpos en Cocula y el abandono de sus restos en el río San Juan de Guerrero. Ayer MILENIO dio a conocer que desde el 26 de octubre, fueron liberados “por falta de elementos”. Las 83 declaraciones fueron omitidas por haber indicios de que policías de Guerrero, efectivos de la PGR, la Policía Federal, la Defensa y la Marina, incurrieron en violaciones a derechos humanos y obtuvieron declaraciones de forma ilícita.
En la resolución, de la que MILENIO tiene copia, el juzgado primero de distrito de procesos penales documenta lesiones en 14 personas: “La mayoría de los declarantes cuyos derechos fundamentales se transgredieron, al ser examinados terminaron aceptando los hechos que se les atribuyen, y quienes no lo hicieron, formularon imputaciones contra diversas personas, por lo que no resulta explicable que prácticamente todos ellos, a pesar de tener derecho a no declarar o no autoincriminarse, terminaron haciéndolo”, se lee.
Las ilegalidades
“Muchos de los declarantes fueron presentados con demora ante el Ministerio Público y en algunos casos, una vez que estuvieron bajo custodia de la Seido, existen dictámenes médicos que constatan el deterioro de su integridad física”, describe la juez.
En el caso de El Chereje se presentó un certificado médico naval, acompañado de un oficio de la puesta a disposición del personaje, fechado del 27 de octubre de 2014, donde se encuentra en buen estado de salud, pero menos de dos horas después, un médico perito dio fe de que el inculpado ya presentaba lesiones.
También hubo excusas en las lesiones que presentaron El Jona y El Pato. El MP argumentó que al momento de la detención intentaron correr pero, como estaban “tomados”, se cayeron.
Y después de las lesiones, venían las declaraciones inculpatorias: en la declaración se narra que Darío Morales, Jonathan Osorio y Patricio Reyes “manifestaron de manera espontánea pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa”.
La única persona que no aceptó los hechos en su primera declaración fue El Pato. “Sin embargo, luego fue nuevamente sujeto a una nueva ampliación de declaración, diligencia que ni él ni su defensa solicitaron”,
_ se plasma en la resolución de la juez. De acuerdo con la PGR, fue entonces que confesó haber recibido y ejecutado a estudiantes. En esa nueva declaración no estuvo presente el defensor.