Militarización
Ya conocemos la historia. En diciembre de 2006, Felipe Calderón declaró la guerra contra los carteles de la droga en México. Tenía el propósito de restablecer la seguridad en el país, aunque buscaba también fortalecer su legitimidad, dañada tras una elección muy cuestionada. Envió a 6 mil
500 soldados a Michoacán. Dos meses después, alrededor de 20 mil soldados estaban involucrados en operativos militares en otros estados, en un despliegue de fuerza que fue entonces masivamente apoyado por la población. Las críticas vinieron después, centradas en la imprevisión de una ofensiva contra el crimen que era, en sí misma, necesaria. Peña Nieto siguió la estrategia de Calderón, a pesar de que cambió su discurso para relegar a un segundo plano el tema de la violencia. Pero la guerra contra las drogas no dio los resultados previstos. No detuvo el flujo de estupefacientes a Estados Unidos: el consumo de drogas en ese país siguió aumentando (en 2002, los consumidores representaban 8 por ciento de la población mayor de 12 años y hoy representan ya 10 por ciento). Tampoco contuvo la violencia, al contrario: en 2007 había una tasa de homicidios en el país de 7 por cada 100 mil habitantes y hoy la tasa es de 25 por cada 100 mil habitantes. Aumentó también el secuestro y la extorsión, así como el número de desplazados, el número de personas encarceladas, el número de agentes de seguridad, el número de armas pesadas, el gasto militar en relación con el PIB y las acusaciones de tortura contra las fuerzas de seguridad en México.
El candidato de Morena prometió, durante la elección, pacificar al país; sacar a las tropas de las calles, regresarlas a los cuarteles. Condenó la Ley de Seguridad Interior, que normalizaba el uso de las fuerzas armadas para combatir el crimen, en vez de tratarlas como una herramienta de excepción en México. Pero acaba de hacer
El Ejército, y no la policía, estará a cargo de las labores de prevención
del delito
exactamente lo contrario: anunciar que incrementará aún más la presencia del Ejército en una guerra cuyo saldo, tras una década, es de más de 200 mil muertos y más de 37 mil desaparecidos.
“El nuevo plan del Presidente electo de México para combatir el crimen se parece mucho al viejo plan”, dijo ayer respecto al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Las críticas están centradas en la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad bajo control militar, adscrito a la Secretaría de la Defensa. El Ejército –y no la policía, apenas mencionada una sola vez en el documento– estará a cargo de las labores de prevención del delito. ¿Qué ocurrirá con las policías del país? Nada fue dicho en el documento sobre su capacitación y fortalecimiento. Además, para que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 no tenga el destino de la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues las tareas de seguridad pública deben estar en manos de las autoridades civiles, no militares, el gobierno electo anunció que reformará la Constitución. Militarizar el país y, para ello, quitar las normas constitucionales que lo impidan, a contracorriente de todo lo prometido.