Crónica
El sueño americano se terminó para muchos migrantes. Incluso, sin haber comenzado.
Decenas de centroamericanos están a la espera de retornar a sus países, y para algunos de ellos hay responsables de que su sueño termine en Tijuana.
“Pueblo sin Fronteras nos decía que no nos preocupáramos, que iba a haber transporte, que México iba a abrir el portón para que nosotros no ingresáramos ilegal, por el río, sino que iban a abrir los portones para que nosotros entráramos legales. “Fue una trampa la que nos tendieron a la caravana de migrantes hondureños, porque para mí es una trampa. Las personas que nos trajeron hasta este lugar, supuestamente líderes, lucraron de nosotros, nos utilizaron de una manera horrenda, que no tiene nombre lo que nos hicieron a nosotros”, acusó Ulises López, originario de Honduras.
“Nosotros veníamos con ánimo, hasta con más garra, garra catracha, veníamos para arriba, dándoles ánimo hasta al que no quería salir adelante: ‘démole, démole para arriba que vamos a llegar allá’, nos dijeron, pero cuando ya venimos aquí nuestro sueño se nos fue a la chingada”, lamentó.
Por su parte, Pueblo sin Fronteras afirmó que este tipo de señalamientos buscan “difamarlos y hasta criminalizarlos”.
De igual forma, esta asociación civil se deslindó del intento de cruce ilegal de miles de centroamericanos a Estados Unidos el domingo pasado.
“Tienes a la gente aquí, en condiciones de miseria, entones obviamente tiene que reaccionar de una forma, y que quede claro que nosotros nunca organizamos ni les dimos ánimo para hacer la marcha, pero ya que estaba en camino, estábamos observando, asegurando que las cosas estaban bien”, recalcó David Abud, representante de Pueblo sin Fronteras.
Por su parte, la Policía Federal hizo un llamado a los migrantes a respetar la ley e insistió que detendrá a quien sea necesario.
“Que nadie los confunda, que nadie los llame a romper el orden y que no se sumen a estas manifestaciones que de repente algún interés en particular hacen que rompan la armonía y se den hechos como los del domingo.
“Aquellos que rompan el orden tendrán que ser procesados bajo las normas mexicanas, se llamen como se llamen, sean organizaciones o no, personas físicas, tenemos que cumplir con la ley”, subrayó Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal.
Albergue en EU
En San Diego, California, también hay familias migrantes
Centroamericanos acusan a Pueblo sin Fronteras de haber lucrado con ellos y de llevarlos con engaños a la frontera
centroamericanas que, debido al endurecimiento de las políticas en la materia, en el último mes han entrado a las listas de deportaciones.
Ante ello, organizaciones religiosas en aquel lado de la frontera estadunidense montaron un albergue temporal en San Diego para brindarles refugio a poco más de 108 personas que se encuentran en espera de una cita ante las autoridades migratorias por su inminente deportación.
Se trata de familias completas cuyos ingresos ilegales a Estados Unidos se dieron poco antes de la llegada de la caravana migrante, no obstante, fueron aprehendidas por autoridades migratorias estadunidenses y les fueron colocados grilletes electrónicos como medida para asegurar su localización. En entrevista con MILENIO, Esmeralda Flores, especialista en materia migratoria de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), aseguró que en las últimas semanas grupos antiinmigrantes han tratado de boicotear el recinto, por lo que prefieren mantener en reserva la ubicación del refugio.
"Esta situación empezó varias semanas antes de que llegara la caravana al área de San Diego, entonces no son familias que vengan con ellos. Son familias que han llegado por sus propios medios, fueron aprehendidas por autoridades, procesadas y finalmente tienen que presentarse a revisión con migración y posteriormente tendrán una audiencia ante el juez de migración, serán deportadas", explicó. A una semana de que concluya la actual administración, la Contraloría General de Ciudad de México informó que de los 7 mil 407 millones de pesos destinados este año para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, solo se han ejercido 2 mil 840 millones de pesos; 62 por ciento no se ha gastado. En conferencia de prensa, el titular de la Contraloría, Eduardo Rovelo, señaló que las dependencias que no han ejercido los recursos autorizados son la Agencia de Gestión Urbana (AGU), las secretarías de Obras y la de Desarrollo Urbano, el Sistema de Aguas (Sacmex) y el Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional.
Agregó que tras las fiscalizaciones realizadas a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías también se observaron irregularidades como falta de entrega de documentación soporte por parte de los ejecutores del gasto, la acreditación correcta de aplicación de recursos e incumplimiento de requisitos mínimos en la elaboración de los contratos.
Además, señaló deficiencias al integrar expedientes, omisión en la aplicación de penas convencionales a contratistas por atraso en la ejecución de los trabajos de demolición, documentación presumiblemente apócrifa y carente de formalidad, entre otros.
Señaló que quien sancionará a los presuntos responsables será el próximo gobierno local, ya que las dependencias involucradas tienen 20 días El legislador por Morena en el Congreso de CdMx Norberto Nazario Sánchez presentó una iniciativa para endurecer las penas contra funcionarios que atenten el servicio público. Esta modificación al Código Penal local busca que las conductas irregulares “sean tipificadas como hechos de corrupción y considerados graves”. Quien reciba indebidamente dinero o dádiva a cambio de algún favor relacionado con sus funciones o si hace uso indebido del dinero público, se le impondrán de 5 a 9 años de prisión y de mil a 10 mil días de multa. hábiles para solventar irregularidades.
Sin embargo, dijo Rovelo, este informe es un “gran precedente que contiene una metodología específica de auditoría y que incluye todos los rubros”.
De 2017 al 15 de noviembre pasado se han realizado
66 actos de fiscalización, tres auditorías, 46 revisiones y 17 verificaciones, emitiendo 135 recomendaciones y 25 son económicas con un monto de
360 millones de pesos. Añadió que de estos 360 millones se han recuperado 100 millones y solventaron 101.9 millones, por lo que queda pendiente aclarar 258 millones de pesos.