¿Se deben reducir las remuneraciones a ministros y magistrados?

TNo poseen la legitimidad, derivada de su desempeño, para defender las percepciones

anto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, argumentan en favor de una reducción de las percepciones de ministros y magistrados del Poder Judicial, respectivamente. El Gobernador de Jalisco “les pidió analizar sus salarios y responder a la exigencia de los ciudadanos”. Ayer domingo, Milenio consignó que “el magistrado presidente Ricardo Suro Estévez, sólo se limitó a decir que el tema ya fue puesto sobre la mesa”… pero advirtió que “no están dispuestos a ganar menos que el Gobernador de Jalisco y el presidente de México” (¿Por qué no?).

Por su parte, MILENIO publica ayer que el presidente de México considera que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “no están entendiendo la nueva realidad” y se equivocaron al congelar la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En el caso del Poder Judicial, si ellos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos… pues están dando un mal ejemplo quienes deberían impartir justicia”. “Es un acto de deshonestidad, quienes tienen ese sueldo no son gente honesta ni sensible, ni son partidarios de la verdad ni de la justicia”.

Coinciden el presidente de la República y el Ejecutivo de Jalisco: son exageradas e injustificadas las remuneraciones actuales de quienes encabezan el Poder Judicial federal y el de Jalisco. En defensa de los ministros y magistrados se dice que requieren de esas percepciones para mantener la ‘independencia’. Esa que con su proceder NO confirman de forma alguna, pues cada Ministro o Magistrado responde -con las decisiones que toma- a un grupo político que le garantizó el acceso al cargo. En todo caso, la independencia del poder judicial, en la circunstancia actual, se obtiene si se observan equilibrios mínimos para integrar ese poder (la teoría de la ‘rational choice’).

La teoría de la ‘rational choice’ (elección racional), de la cual es parte la teoría de la elección pública, argumenta a favor de la elección pública positiva, mediante agentes políticos (grupos de legisladores, para el caso de ministros y magistrados), dentro de un marco institucional de perfiles idóneos que reduzca el poder absoluto, a través del lobby de los grupos democráticamente representados. Como resultado habrá un equilibro de fuerzas que garantizará instituciones que, mediante un contrapeso racional, moldean un ejercicio más responsable del poder público (Estados Unidos). Los ministros y magistrados que integran hoy el poder que es considerado como el más corrupto de México, no poseen la legitimidad, derivada de su desempeño, para defender las exageradas percepciones que reciben. Legítimamente muchos les reclaman un largo y pernicioso tiempo en que se comprometieron (con el poder y el dinero) para emitir sentencias injustas, que lesionan a la población; mismas que afirman, son, muy ‘apegadas a derecho’…