El potencial de la justicia alternativa en Jalisco
La justicia alternativa no debe considerarse como un mecanismo de “descongestión” del sistema judicial; ante todo, la justicia alternativa es un poderoso instrumento para el acceso a la justicia y el combate a la desigualdad: un pagaré de tres mil pesos nunca llegará a un tribunal; la justicia alternativa debe acercarse a las personas e invitarlos a resolver estas controversias.
En Jalisco, menos del dos por ciento de los asuntos mercantiles son de montos inferiores a los seis mil pesos, es decir, hay un umbral de más de dos salarios mínimos mensuales para acceder a la justicia. En Jalisco hay 15% de personas en pobreza alimentaria, 20% de pobres de capacidades (de bajo ingreso, sin acceso a servicios de salud y a educación de calidad) y también un 30% de jaliscienses con pobreza institucional: que no pueden acceder a las instituciones y, si lo hacen, enfrentan desventajas generalmente insalvables.
En Jalisco se cuenta con el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) y con un marco jurídico que permiten tener un panorama alentador para el desarrollo cabal de los mecanismos alternativos como formas de lograr el acceso a la justicia; el combate a la corrupción (de grupos de interés cuyos asuntos judiciales prosperan por el tráfico de influencias o las dádivas indebidas), así como la reducción de la violencia: el sentimiento de injusticia y los conflictos incipientes no encausados adecuadamente engendra una escalada en los niveles de violencia de las controversias.
El potencial del Instituto está contenido por un presupuesto insuficiente de 44 millones (que requirió de 10 millones de préstamos del fideicomiso para la operación del sistema acusatorio para poder seguir sosteniendo las sedes regionales). Sus facilitadores no han sido certificados. Hay dos regiones del estado (entre ellas Colotlán, en una de las zonas con mayor pobreza y rezago social del estado) sin presencia permanente del IJA; la validación de convenios tarda hasta diez meses; y no se ha logrado desarrollar todo el potencial en materia familiar, civil y mercantil. Hace falta contar con mejores instalaciones de acuerdo a los estándares de excelencia que permitan cumplir los principios que rigen a los MASC.
Debe al menos duplicarse (150% de aumento sería ideal) el presupuesto de la institución. Debe darse cobertura permanente de todas las regiones y fortalecer todas
las sedes; debe ampliarse y consolidarse una red de centros de mediación comunitaria municipales y centros públicos y privados de mediación. Se necesita establecer un modelo de gestión y seguimiento de indicadores de operación, desempeño e impacto y capitalizar las oportunidades de las reformas en materia de justicia cívica y laboral, en el que los MASC pueden realizar una aportación fundamental en el acceso a la justicia.
De igual forma debe consolidarse la operación de los MASC en materia penal, apoyando y articulando esfuerzos con la fiscalía. Actualmente se resuelve por MASC el 3% de los asuntos penales ingresados. Con la reingeniería de procesos y adopción de un modelo de gestión se podría pasar al 8% en apenas un semestre. Además se debe adoptar instrumentos de medición de satisfacción de usuarios y estandarización y certificación de servicios de calidad y calidez. Se podría alcanzar indicadores como los centros de mediación de Tabasco que presentan hasta 98% de cumplimiento de acuerdos reparatorios.
Otra gran oportunidad es la de crear una Red de Organizaciones de la sociedad civil (como en Morelos o Chihuahua) para no solo resolver el conflicto actual, sino prevenir futuros y detectar y apoyar a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad apoyándolos con programas de atención sicológica, deshabituación a adicciones, apoyo laboral, educativo, de capacitación para al trabajo entre otros. Esto permitiría acceder a una sociedad más justa donde las personas prefieran un buen arreglo a un mal pleito.
Es un instrumento para el acceso a la justicia y el combate a la desigualdad