Excesos
Todas las personas, empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales durante su vida han cometido excesos, en muchos casos esos abusos han acabado con su salud, su patrimonio, su reputación o su existencia.
En México todos los gobiernos han abusado metódicamente de sus atribuciones y de los recursos públicos, fiel a esa forma de ejercer el poder López Obrador pretende imponerle a los demás poderes y a la sociedad su visión de la realidad y su ideología, lo hace de manera atrabancada, intempestiva, y en algunos casos en sentido inverso cuando propone gastar menos, eliminar el boato y supuestamente imponer una nueva moralidad.
Su propuesta para reducir los salarios de los altos funcionarios es una decisión que se está implementando de manera equivocada, el artículo 127 constitucional dispone que ningún servidor público puede percibir mayor salario que el del presidente pero el artículo 94 establece que la remuneración de ministros, magistrados y jueces “no podrá ser disminuida durante su encargo”, a esta contradicción en el mundo jurídico se le llama antinomia.
Al margen de la contradicción entre estos dos preceptos, lo determinante es que el propio presidente decidió que su salario no rebasaría los 108,000 pesos mensuales, y en una ley que de manera sumisa, precipitada y equivocada aprobó la mayoría obradorista sin justificar ni razonar debidamente no se señala la cantidad ni los parámetros que se deben atender, ¿por qué esa cantidad y no otra?
Aparentemente AMLO no le da valor al dinero y al parecer no tiene conciencia de cuánto se necesita para vivir con cierta medianía pues él ha vivido cómodamente a pesar de que en los últimos 30 años solo ha trabajado 5 años, y en los últimos 12 años que se sepa no ha tenido sueldo y ni siquiera ha tenido que presentar declaración anual de ISR, y es de todos conocido que él y su familia han vivido del dinero pública proveniente del millonario financiamiento que reciben el PRD y MORENA, además de que ya como presidente, él y su familia tendrán casa, vestido, sustento y muchos gastos más a cuenta del erario.
El Poder Legislativo cometió otro exceso al haber aprobado una ley de manera atropellada, con escasa técnica legislativa, con errores de procedimiento, de manera obsecuente con el Ejecutivo no señalaron criterios precisos ni objetivos de porqué se fijó esa cantidad, y además, vulneraron garantías constitucionales del régimen de salarios del Poder Judicial y de otros organismos autónomos.
La actual Suprema Corte inició sus funciones en enero de 1995 como producto de una profunda reforma que acometió el presidente Zedillo y ha conquistado una envidiable independencia, lograron presupuestos elevados, se asignaron sueldos y prestaciones exorbitantes, gastaron de manera excesiva y muchos de sus integrantes han abusado en darles plazas muy bien pagadas a parientes y amigos, lo que ha creado un clima interno de molestia y un malestar social creciente que el gobierno está explotando hábilmente.
Que esos excesos deben corregirse es innegable, pero debe hacerse de una manera “quirúrgica”, con bisturí y no con machetes (analogía aplicable), ya que haberlo hecho de la manera tan burda como se hizo provocó un conflicto institucional sin precedentes y de consecuencias imprevisibles, y demuestra que más que un conflicto entre aplicación de normas es un abuso de la posición dominante que pretende ejercer el nuevo gobierno en todos los órganos públicos.
Un tercio de senadores de oposición presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ya que en el caso del Poder Judicial existe una contradicción entre una norma general (la Ley de Remuneraciones) y la Constitución (artículo 94), el ministro que conoce de la misma decidió suspender la aplicación de la ley haciendo una excesiva interpretación pues la ley expresamente lo impide
Ante la manifiesta inoperancia para resolver políticamente esta pugna queda la duda de si el verdadero objetivo de este conflicto entre los tres poderes es la disminución de los sueldos o acotar las atribuciones del Poder Judicial y dar paso a la creación de un Tribunal Constitucional
Un Tribunal Constitucional es una jurisdicción especializada que conoce especial y exclusivamente en materia contencioso-constitucional, su ubicación debe estar siempre fuera del Poder Judicial, es independiente de éste y de los demás poderes.
Los expertos coinciden en afirmar que un Tribunal supremo –como nuestra Suprema Corte-, o incluso, una cámara constitucional dentro de un Tribunal supremo pueden ser jurisdicciones constitucionales, pero no son Tribunales constitucionales.
La Suprema Corte presume ser Tribunal Constitucional, pero formalmente no lo es ya que es la cabeza del Poder Judicial, de ahí que algunos morenistas (señaladamente el líder del Senado que algo sabe de esto) aprovecharán esta disputa para promoverla creación de un auténtico Tribunal Constitucional.
La duda es si el desprestigio en que AMLO ha sumido a la Corte es para someterla o para crear ese nuevo Tribunal.
López Obrador pretende imponerle a los demás su visión de la realidad y su ideología