Plain vanilla
Cuando presentó el sábado el Paquete Económico 2019 en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, repitió varias veces la palabra austeridad.
Y sí, se entiende, cuando se desmenuzan los recortes en casi todas las secretarías, en los tres poderes y en la mayoría de los órganos autónomos. Pero en realidad los gastos propuestos por 5.8 billones de pesos representan un aumento de 6.1 por ciento versus el que se aprobó para este año.
El enfoque del Paquete (que no es piñata, como alertó Porfirio Muñoz Ledo) está volcado a cumplir las promesas de campaña: más inversión para Pemex y CFE, mayor gasto social con un tinte más asistencialista que productivo y mayor activismo estatal en proyectos cuyos méritos económicos son aún desconocidos (Tren Maya, Santa Lucía, nueva refinería).
Y es por eso que los legisladores deberán analizar esa expansión del gasto. “Cual austeridad fiscal en una economía que crece a 2 por ciento, un gasto 6.1 por ciento mayor”, me dice Manuel Molano, director general adjunto del Imco. “Esto implica que la huella del sector público está creciendo a costa del crecimiento del sector privado. Desde la administración de Felipe Calderón fue así, pero hay que revertirlo. Significa un país con más Estado y menos ciudadanía participando en las decisiones económicas”.
Más gasto público no siempre se refleja en una mejora en el desarrollo del país. Hace un año, la Auditoría Superior de la Federación publicó el Informe de Contribución del gasto público a la actividad productiva y el empleo.
El trabajo, con datos del Inegi, analiza el aumento consistente del gasto estatal al doble del crecimiento del PIB desde el año 2000 y hasta 2016, donde alcanzaba su análisis. En ese lapso, el gasto neto total creció a una tasa media de 4.4 por ciento, mientras el PIB lo hizo a 2.2.
En esos 16 años, el aumento del gasto no ayudó a mejorar ninguno de los indicadores sociales: no disminuyó ni la pobreza ni la desigualdad social (medida por el Índice de Gini).
Sin embargo, es una buena noticia que este primer presupuesto de la era López Obrador plantee un superávit primario de 1 por ciento. Sin duda es una señal de disciplina fiscal que ayudará —esperemos— a mejorar la trayectoria de las finanzas públicas.
El Presupuesto 2019 se ve responsable y eso ayuda a compensar la incertidumbre que generaron esos anuncios sobre la orientación de la política económica como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de las licitaciones de las rondas petroleras futuras.
“Lo demás es plain vanilla (básico): s igue el libre comercio, se respeta la autonomía del Banxico, hay disciplina fiscal y hasta se reduce enhorabuena el aparato burocrático”, me decía un economista que llevó muchos años analizando la política pública mexicana.