El Procés
Así se denomina el juicio penal que acaba de iniciarse en España en el que doce funcionarios del gobierno de Cataluña están sentados en el banquillo acusados de rebelión (nueve de ellos), sedición, malversación de fondos y otros delitos cometidos en diferentes hechos sucedidos entre septiembre y octubre del 2017.
El Parlament de Cataluña violando leyes vigentes y reglas de procedimiento, con la opinión en contra de sus abogados, negándole a la oposición su derecho a debatir, de una manera tan maniquea como exaltada aprobó unas leyes “de desconexión”, mediante las que supuestamente se iniciaba el proceso para “desconectarse” de España. Muchos reconocen que estos actos fueron un autogolpe de Estado.
Para darle continuidad a esos ilícitos unos días después de esas subrepticias sesiones se emitió una convocatoria a un referéndum para el 1 de octubre en el que los ciudadanos de Cataluña serían consultados para decidir su separación de España y la formación de una República independiente.
El gobierno español, y muy señaladamente su entonces presidente Mariano Rajoy, se vieron rebasados, demostraron una manifiesta incapacidad política, no actuaron ni rápida ni eficazmente, nunca supieron que hacer y por tanto no hicieron nada para frenar esa amenaza no obstante que el Tribunal Constitucional en varias autos declaró la inconstitucionalidad de esa consulta y prohibió su celebración.
A pesar de las ordenes de que no se llevara a cabo el referéndum el gobierno regional organizó (seguramente con recursos públicos) el acto electoral, ese día la policía actuó con tardanza, torpeza y brutalidad al tratar de impedir que se instalaran las urnas; y no obstante que la participación fue menor al 50% los independentistas siguieron adelante.
El 27 de octubre el Parlament declaró que “Cataluña dejaba de ser parte de España para convertirse en República independiente”, esa “declaración” siempre fue un hecho controvertido, tanto así que en su declaración judicial ante el Tribunal Supremo el ex consejero del interior reconoció que fue sólo “una declaración política”.
Esa supuesta independencia fue una farsa que se convirtió en sainete cuando al día siguiente el presidente catalán Carles Puigdemont, de manera cobarde y escondido en un automóvil huyó a Bélgica mientras sus socios y monaguillos fueron detenidos, puesto presos y sujetos a procedimiento penal ante el Tribunal Supremo (competente por que los acusados gozan de fuero), el que decidirá el grado de culpabilidad de cada uno de ellos y determinará el tipo de delitos que cometieron en la preparación y organización del referéndum, así como la supuesta declaración unilateral de independencia.
Al inicio del juicio la fiscalía sostuvo que: “La condición de político no es una patente de corso que justifique acciones delictivas; el político está sujeto al mismo Código Penal que cualquier otro ciudadano, y el ejercicio de los derechos no justica desobedecer al Tribunal Constitucional… ni abocar a miles de ciudadanos al enfrentamiento violento con las fuerzas policiales… ni destinar fondos públicos para la financiación de un referéndum prohibido”, y que “este es un juicio en defensa de la democracia”.
El fiscal Javier Zaragoza agregó, “es un juicio penal porque los acusados son perseguidos por sus acciones, no por sus ideas”, y señaló, “se pretende transformar en víctimas a quienes han quebrantado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado español”.
Oriol Junqueras, el anterior vicepresidente catalán, y para muchos el cerebro de toda la trama, en su declaración judicial (grave error de su parte) no dio respuesta a las preguntas del fiscal y utilizó la tribuna para decir que se considera un preso político al que se le está juzgando por sus ideas, manifestó que va a seguir trabajando por la independencia, defendió el derecho de autodeterminación, aceptó que a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional organizaron el referéndum, y negó el uso de la violencia y de recursos públicos.
Joaquim Forn, el ex consejero del Interior reconoció ante el Tribunal que después de la declaración de independencia las resoluciones no se publicaron ni en el Diario de la Generalitat ni en el Boletín del Parlament y que la Declaración no se votó, sólo se leyó. Además, que esa Declaración Unilateral de Independencia fue simbólica “era una declaración política”.
Lo cierto es que en Cataluña el gobierno regional actuó en contra de la Constitución; en desacato al Tribunal Constitucional; el referéndum careció de eficacia jurídica; la supuesta independencia nunca se consumó; y la imaginaria República no existe.
Cualquiera que sea el veredicto en este Procés, el problema de Cataluña sigue latente, y no se solucionará manteniendo en prisión a algunos de sus gobernantes y dirigentes políticos que violaron la ley, pero en cualquier Estado de Derecho violar la ley, como lo hicieron ellos, debe tener consecuencias jurídicas.
Lo más lacerante para Cataluña es tener que rendirle culto a un mediocre como Puigdemont.
Lo cierto es que en Cataluña el gobierno regional actuó en contra de la Constitución