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Cristóbal de Oñate y las 63 familias españolas y portuguesas que se asentaron en 1542 precisamente a espaldas del actual Teatro Degollado, no tenían idea del futuro que deparaba a la ciudad a la que se impuso el nombre del lugar castellano donde nació el sanguinario conquistador Nuño de Guzmán: Guadalajara. La diferencia entre ambas ciudades la dio la historia, allá con poco más de 80 mil moradores a la fecha, aquí con una conurbación de más de cuatro millones de habitantes. Los problemas, desde luego, aparejados a un crecimiento exponencial que hace prácticamente inolvidable y nostálgica aquella Guadalajara que celebraba en 1964 el nacimiento de su “tapatío un millón”.

Y aunque se nos hinche el corazón de orgullo a los que aquí nacimos nos preguntamos constantemente ahora, ¿qué tenemos? Una ciudad envejecida, descuidada en muchos sentidos, distante, desconectada, desigual en tantos aspectos y, por si fuera poco, extremadamente violenta. Nada fácil para las autoridades, más complicado todavía para sus ciudadanos que enfrentan día con día lo que en gran medida ha sido producto de las malas decisiones políticas y, entre lo más grave, una corrupción galopante y malas prácticas de crecimiento urbano en los municipios de su zona, que llevan en sí un costo demasiado elevado para la sociedad y el estado pero que obligan, definitivamente, a pensar en rediseñar muchas estructuras y políticas públicas en busca de soluciones verdaderas y, por demás, urgentes.

Además, entre todo lo relevante por hacer, está el superar una condición que se ha dado torpemente: la ausencia de una verdadera coordinación metropolitana. Parece que las cosas pueden cambiar, hoy tenemos avances importantes, también y quizá ante el hecho de la coincidencia política entre quienes encabezan los gobiernos de los municipios involucrados, así como, del gobierno de la entidad. Sin embargo, desde la fundación misma del Imeplan, se alentaron esperanzas de que dejaría de seguirse la línea dispareja que tanto daño ha causado ya que, dentro de sus facultades de autonomía, algunos ayuntamientos, sobre todo en materia de servicios, han conciliado con las localidades vecinas y otros, la mayoría, definitivamente no. Y Lo que se necesita hacer en este renglón es mucho ya que, mientras se acomodan y se siguen acomodando hace meses en sus gobiernos, la movilidad, vivienda, agua, drenaje, salud, iluminación, educación, manejo de residuos, medio ambiente y, más que nada, seguridad, persisten lacerantes problemas en los que no se avanzará mucho sin la mencionada coordinación.

Sin embargo, al mismo director del Imeplan, el Dr. Mario Silva, hay que recordarle sus principios de activismo de otros tiempos, cuando desde otra trinchera compartía el interés por la trascendencia de la participación social en la búsqueda de soluciones comunitarias. Para que se tome la decisión definitiva de investir de poder verdadero a los ciudadanos, hoy representados en estos temas por el CCM (Consejo Ciudadano Metropolitano) y otorgar los recursos indispensables para que la “gobernanza” se aplique en su cabal significado, lo cual es particularmente grave si se toma al ciudadano solo como “utilitario” para justificar decisiones con los ejes de gobierno. No obstante, es el propio gobernador Enrique Alfaro el que asoma hacia ampliar el espectro de la intervención efectiva de los ciudadanos en esa toma de determinaciones. Su iniciativa

de la nueva Ley del Sistema de Participación Ciudadana, seguramente abre esa perspectiva y mejor que así sea puesto que el tantas veces citado “empoderamiento” de los ciudadanos ha quedado frecuentemente en punto menos que simple palabrería política.

De ahí nuestro interés en que se cuente con un marco normativo -hoy inexistente- para ir cubriendo los vacíos que socavan la coordinación entre municipios ya que ni la Junta de Coordinación Metropolitana, muy bien pintada color naranja, con todo y algunos logros loables, no ha podido concertar la atención a problemas fundamentales de la población, incluso ha fracasado en los intentos de alcanzar la auténtica coordinación que aterrice en acciones tangibles pese al establecimiento y operación de programas concretos como los de movilidad o seguridad pública.

Ahora que las relaciones entre los gobiernos federal y estatal tienden a “normalizarse” y que seguramente, tras el encuentro del “Día del Amor”, el presidente López Obrador traerá a Jalisco a la vuelta de menos de un mes buenas noticias a la población (ojalá la terminación de línea tres y quizá otras más), sería conveniente poner en marcha acciones más consistentes y decisivas, como nuestra propuesta de lanzar un genuino y efectivo Pacto Metropolitano.

Sabemos lo que un legado de daños nos han causado en el pasado, pero hay que seguir proyectando nuestro futuro. El plan “Guadalajara 500” no es una suma de enunciados optimistas ni de simples buenos deseos, tampoco es una marca de ciudad ni pretende suplantar o competir con absolutamente nada de lo realizado. No pasará mucho para que la Guadalajara que amamos llegue de manera inexorable a su quinto centenario. Celebremos, a pesar de los problemas, el año 477 pero no perdamos de vista que “el solidarismo es la participación responsable de la persona en la convivencia y organización de la autoridad y las instituciones para promover y garantizar el orden, el progreso y la paz”. Lo dijo un jalisciense ilustre hace ya muchos años: Efraín González Luna.

Un legado de daños nos han causado en el pasado, pero hay que proyectar nuestro futuro