Guardia Nacional perpetúa la militarización del país

Con los votos de Morena, sus aliados, y el PRI, la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles 16 de enero, en periodo extraordinario, reformar 13 artículos constitucionales con el propósito de crear una Guardia Nacional.

Como está planteada, la Guardia Nacional tendrá presencia militar permanente, continua, sin limitaciones, sin regulación explícita de sus actuaciones, sin controles políticos y jurídicos, y por encima de las autoridades civiles responsables de la seguridad.

Esta lamentable decisión es algo que nos será cuestionado en el futuro a cada una y uno de los legisladores. El cuestionamiento será severo porque esta decisión es ingenua, porque se piensa que una persona, por más alto que sea su cargo político, será capaz de evitar que no se cometan violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas mexicanas.

Es imprudente, porque legisla para atender los deseos de una persona y no para la ciudadanía. Es irresponsable, porque es una medida permanente que da facultades al Ejecutivo Federal que permanecerá después de la conclusión del mandatario en turno.

Es antidemocrática, porque es un planteamiento contrario a lo prometido en la campaña electoral. Es contraria al fortalecimiento del Estado de Derecho en México, porque debilita al sistema constitucional de protección de derechos humanos, al sistema de seguridad ciudadana, al sistema de justicia penal acusatorio, al federalismo, y al principio de supremacía de las autoridades civiles sobre los militares.

Es incompatible con las obligaciones internacionales de México, porque va en contra de las decisiones de organismos de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contra México. Es insensible, porque ignora lo manifestado por las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas, en los foros de pacificación del país.

La aprobación de la Guardia Nacional teniendo como personaje principal de su implementación a las fuerzas armadas mexicanas, sería uno de los actos menos inteligentes de la historia mexicana, porque sería esperar resultados diferentes a los que se dieron en los últimos dos sexenios con la misma política de seguridad, pero con menos controles políticos y jurídicos a los efectivos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.

Sólo basta recordar que seis de los diez casos que al día de hoy, se han resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en los que se ha determinado la responsabilidad por violaciones de derechos humanos del Estado mexicano, fue a partir de acciones atribuibles a las fuerzas armadas; a este caso se suma otro resuelto por el Comité contra la Tortura en el que estuvieron involucrados militares mexicanos.

Diversos mecanismos de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incluidos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el Relator Especial sobre la Tortura, el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Consejo de Derechos Humanos, han expresado su preocupación por el uso de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad pública.

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a México un retiro gradual de las fuerzas armadas mexicanas de las labores de seguridad pública.

Al final, se cumplió el pronóstico. Las Consultas Públicas resultaron una simulación porque se ignoraron la gran mayoría de las observaciones y propuestas planteadas por especialistas, académicos, representantes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y organizaciones civiles; que advirtieron que la Guardia Nacional era una continuidad del modelo para combatir la inseguridad que ya fracasó, y de los riesgos de profundizar la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida del país.

Con su aval, Morena, PES, PT, PVEM, el PRI, y las diputadas y diputados que de manera individual votaron a favor, serán cómplices de las violaciones a derechos humanos por venir por parte de las fuerzas armadas mexicanas a través de su incorporación en la creación de la Guardia Nacional.

Si el Senado de la República aprueba la minuta en los términos que se ha enviado, se estaría perpetuando la militarización del país. ¡Mala señal sin duda!

La aprobación sería uno de los actos menos inteligentes de la historia mexicana