La ola del nuevo militarismo latinoamericano
México está ya hace algunos años en la ola, si no en la cresta de la ola, de lo que algunos autores llaman “el nuevo militarismo” latinoamericano.
No es el militarismo de sus ejércitos caudillistas decimonónicos ni el de las dictaduras de la guerra fría.
Es un militarismo más moderno, que no alcanza a ser encuadrado cabalmente en el diseño democrático de nuestros países, asociado a la creciente necesidad de que las fuerzas armadas ocupen un espacio mayor, y más determinante, en los asuntos de la seguridad pública.
Ahí el roce de las fuerzas armadas con las instituciones civiles es constante y hay muchas zonas grises, mal reguladas, donde los imperativos del uso de la fuerza difícilmente coinciden con las exigencias de la ley civil y el respeto a los derechos humanos.
México vive intensamente esta contradicción hace ya casi dos décadas y probablemente la verá avanzar al primer plano de la vida política en los siguientes años con el despliegue, autorizado constitucionalmente, de una Guardia Nacional, sin que exista la ley secundaria que regirá el comportamiento de ese cuerpo frente a la autoridad civil y frente a la sociedad.
El problema, como digo, no es solo mexicano, y ha sido planteado con detalle, en su riqueza teórica tanto como
EL PAÍS DE NUNCA JABAZ/MIAMI en su complejidad política y legal por Julio Ríos Figueroa en: “El nuevo militarismo” (Nexos, marzo 2019).
El dilema es relativamente sencillo de enunciar. “Si se transfieren demasiados poderes a las fuerzas armadas“, dice Ríos Figueroa, ”la democracia puede caer herida de muerte; por el contrario, demasiados límites al Ejército pueden exponer a la democracia a una serie de riesgos en términos de seguridad”.
Concluye Ríos Figueroa: “El ‘nuevo militarismo’ tiene formas más sutiles que los golpes de Estado y las intervenciones forzosas, pero puede ser igualmente desestabilizador.
“Sigue pendiente en nuestra región la construcción de ‘fuerzas armadas democráticas’, es decir, fuerzas armadas cuya misión principal sea la protección de la democracia constitucional que les da legitimidad y que actúen siempre bajo los principios constitucionales de protección a los derechos humanos".