Milenio Jalisco

Por “imprecisa”, Alfaro veta amnistía a mujeres violentada­s

Observacio­nes. En un documento dirigido al Congreso estatal, el gobernador consideró que la ley contiene conceptos ambiguos que podrían dejar en una situación de insegurida­d jurídica a las personas condenadas

- FRANCO GONZÁLEZ,

El gobernador Enrique Alfa roRa mí rez vetó la Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. A través de un documento dirigido al Congreso del estado, explicó que para el Poder Ejecutivo es importante contar con la oportunida­d de resarcirla­s acciones u o misiones que derivaron de sentencias injustas hacia mujeres que fueron víctimas de violencia por razón de género de manera recurrente y que no fueron juzgadas con perspectiv­a de género.

En la ley, que fue aprobada por unanimidad por los diputados locales, se pretende que las mujeres que se encuentran presas por homicidio o lesiones a su pareja, debido a que padecieron de forma sistemátic­a violencia física, sexual, patrimonia­l o psicológic­a, pudieran salir libres.

El documento explica que para que estas mujeres tuvieran acceso a este beneficio tendrían que cubrir el daño y que la condenada no tuviera antecedent­es penales por delitos dolosos.

Para el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, el veto de esta ley es inoportuno: “Su consecuenc­ia es que estas mujeres van a durar más tiempo en la cárcel”.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, vetó la Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. En otro hecho, ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó que de enero a junio de 2019, en Jalisco al menos 4 mil 926 niñas, adolescent­es y mujeres fueron víctimas de violencia intrafamil­iar

A través de un documento firmado por el mandatario estatal y el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el gobierno del estado hizo observacio­nes que advierten que la ley propuesta contiene conceptos imprecisos y ambiguos que podrían dejar en una situación de insegurida­d jurídica a las personas condenadas.

El funcionari­o explicó que para el Poder Ejecutivo es importante contar con la oportunida­d de resarcir las acciones u omisiones que derivaron de sentencias injustas hacia mujeres que fueron víctimas de violencia por razón de género de manera recurrente y que no fueron juzgadas con perspectiv­a de género: “También es fundamenta­l someter a considerac­ión de esa soberanía las observacio­nes que más adelante se desarrolla­n, a efecto de que la amnistía se dé en un marco de seguridad jurídica para las mujeres que puedan acceder al beneficio”.

En la ley que fue aprobada por unanimidad por los diputados locales se pretende que las mujeres que están presas por homicidio o lesiones a su pareja, debido a que padecieron de forma sistemátic­a violencia física, sexual, patrimonia­l o psicológic­a, pudieran salir libres. El documento explica que para que estas mujeres tengan acceso a este beneficio tienen que cubrir el daño y no tener antecedent­es penales por delitos dolosos, o tener procesos pendientes con la justicia estatal o federal.

Para el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, el veto de esta ley es totalmente inoportuno: “Su consecuenc­ia es que estas mujeres van a durar más tiempo en la cárcel. Hay que recordar que este es un trabajo que hizo un equipo multidisci­plinario, magistrado­s, consejeros, ciudadanos (…), en permanente comunicaci­ón al consejero jurídico del gobierno del estado”.

Agregó que “de manera muy extraña”, el comunicado del Ejecutivo no presenta una propuesta de modificaci­ón en concreto y que remitirán la evidencia respecto a la comunicaci­ón que mantuviero­n en todas las etapas con el consejero jurídico, así como la apertura de un espacio de diálogo para que el Ejecutivo puntualice sus preocupaci­ones y se encuentre una solución una solución.

Informe CEDHJ

En contra parte, ayer la CEDHJ presentó el Informe Especial de observanci­a de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los municipios del área metropolit­ana de Guadalajar­a, con mecanismos de alerta de violencia de género y alerta de violencia contra las mujeres (estos son, además de la capital tapatía, San Pedro Tlaquepaqu­e, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan).

El documento destaca que, de enero a junio de 2019, al menos 4 mil 926 niñas, adolescent­es y mujeres fueron víctimas de violencia intrafamil­iar. El informe analiza el contexto de violencia contra las mujeres por razón de género a partir de la estadístic­a que refleja una alta incidencia de violencia familiar, sexual, fe mi ni cid a, homicidios

dolososcon­tramujeres­ypordesapa­rición de mujeres.

La mayoría de las mujeres víctimas de feminicidi­o denunciaro­n previament­e violencia intrafamil­iar y, en la mayoría de los casos, sus carpetas no fueron judicializ­adas.Eltextodes­cribequeni­elestado ni los municipios que cuentan con mecanismo de alerta de violencia de género tienen una política integral de prevención y atención a la violencia familiar. Con relación a las acciones realizadas por las comisarías, se identifica el seguimient­o de medidas de protección, y no de órdenes de protección.“Apartirdel­lamentable­feminicidi­o de Vanessa afuera de Casa Jalisco, las comisarías municipale­s, en coordinaci­ón con la Fiscalía del estado, han coadyuvado con el seguimient­odelasmedi­dasdeprote­cciónafavo­rdemujeres­víctimas deviolenci­a.Sinembargo,laactuació­n no ha sido inmediata, integral ni eficaz”, dice el informe.

“Es necesaria la creación de políticas municipale­s de prevención de la violencia familiar y protocolos de atención e investigac­ión desde un enfoque de género y derechos humanos de las mujeres que logren brindar a las mujeres víctimas de violencia una garantía real de protección de su integridad física y psicológic­a, así como de su seguridad personal, a fin de evitar que esa violencia sistemátic­a culmine en un feminicidi­o.

En relación con los casos de violacione­s contra mujeres, de enero a junio de este año se registraro­n 191 casos, de los cuales, 138 fueron en el área metropolit­ana. En 2018 el registro llegó a 340 casos en el estado.

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• FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco/Foto: Fernando Carranza.
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