Educación Superior, la Ley Posible
Se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley General de Educación Superior, que abrogó la ya de por sí caduca Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Es un logro de gobernanza colaborativa, en un contexto de polarización y centralismo exacerbado. Esta nueva Ley no es la ideal, pero es la mejor posible.
En un apretado balance, la Ley se queda corta en abordar los principales desafíos educativos del Siglo XXI, incluso previos al COVID-19. No incorpora elementos ya no del futuro, sino del presente: modelos híbridos, educación modular y omnicanal, micro-credenciales, mayor flexibilidad.
Otro aspecto problemático es que dos de sus pilares, la obligatoriedad y gratuidad -que derivan de la reforma constitucional de 2019-, dependen de la “disponibilidad presupuestal”. Se presentan como derechos fundamentales sí, pero solo si alcanzan los recursos... Se reafirma pues que el verdadero poder constituyente es la Secretaría de Hacienda. El asunto es que, al no haber recursos, la presión será para las universidades, no para el gobierno.
Por el lado positivo, un gran avance: se enfatiza la autonomía universitaria y se clarifican sus alcances. Da certidumbre y estabilidad a las universidades públicas autónomas y manda un mensaje al sistema al ratificar los principios constitucionales de libertad de catedra, investigación y autogobierno.
Dado el debilitamiento de equilibrios, contrapesos y órganos autónomos en México, esto representa una bocanada de aire fresco para seguir fortaleciendo una de las libertades fundamentales en democracia: la académica.
Cito a Peter McPherson, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de EEUU (APLU), en un mensaje a rectores mexicanos: “La libertad académica implica que las universidades puedan tomar sus propias decisiones en los asuntos críticos que les conciernen y con sus procesos… Para ampliar los límites del conocimiento y expandir las posibilidades humanas, la comunidad universitaria debe ser libre de realizar investigación, sin importar a dónde ésta lleve”.
Ninguna ley resuelve por sí los problemas, pero podría agravarlos. Esta Ley es un gran paso, falta mucho por hacer e innovar.
La Ley se queda corta en abordar los principales desafíos