“Pocas veces sabemos quién está detrás de los candidatos”
Carlos Lomelí, candidato de Morena a la Alcaldía de Guadalajara, no se mordió la lengua: “te pagué la campaña en 2015” le espetó a Pablo Lemus en el debate de este domingo en Quiero TV. No sé si el propio candidato es consciente de lo que dejan entrever sus palabras. En 2018, algo similar le dijo al hoy gobernador Enrique Alfaro. La intervención del candidato de Morena nos da pie para preguntarnos, ¿Cómo se financian las campañas? ¿Cómo se pagan esos ejércitos que tienen los partidos en calle y en redes sociales? Es claro: el financiamiento de campaña está en el centro de muchos de los problemas que tienen los gobiernos.
De entrada hay una idea de sentido común: quien paga lo hace para comprar influencia. No dudo que existan empresarios que donen dinero a campañas porque creen la propuesta de un determinado candidato, pero dudo que sean los más. Si los candidatos se acercan a constructores, banqueros o empresarios farmacéuticos, e intercambian dinero para campañas por favores, hay un riesgo alto de corrupción en el modelo de desarrollo urbano o licitaciones a modo para que ganen los empresarios favoritos del Gobierno. No hay una vinculación directa, pero es natural que quien financia campañas políticas luego exija contratos que solventen dicha inversión. Debemos exigir transparencia a los candidatos porque es la mejor forma de saber quién está detrás de sus campañas.
Es cierto que entra mucho dinero privado a las elecciones. Inyecciones de recursos económicos que sirven para controlar espacios de la administración pública o para hacerse de contratos. Es una inversión con altísima rentabilidad: pagas campañas y cobras tu tajada en Gobierno. Recordemos. En 2017, cuando Carlos Lomelí anuncia que deja MC y buscará suerte en Morena, el Gobierno de Zapopan -encabezado por Pablo Lemus- decide despedir a 46 trabajadores del OPD de Salud vinculados a Lomelí. No hay que ser un genio para saber que dichos trabajadores estaban ahí como parte de un acuerdo político.
Quién pierde en esta ecuación es la ciudadanía. Significa la privatización de la política. ¿Qué sucede? El candidato ganador se siente en deuda con el mecenas, le entrega contratos o mete “propuestas” a la nómina; el Gobierno no busca proteger el interés público, sino quedar bien con aquellos que pueden pagar campañas, hoy o en el futuro. Es la misma forma de operar de empresas como Odebrecht. El escándalo que involucra a la transnacional brasileña en múltiples países de América Latina es el resultado de décadas de comprar políticos para después obtener contratos multimillonarios. La relación entre las empresas y el Gobierno es muy compleja y más cuando se necesitan tantos recursos para ganar una elección.
Lamentablemente, hablando de financiamiento, el modelo electoral mexicano es el peor de los mundos. Le metemos altas sumas de dinero público para dizque garantizar la equidad en la contienda electoral e impedir que el dinero privado compre voluntades de candidatos. Sin embargo, según lo que ha publicado Integralia, solo uno de cada diez pesos que entran a las campañas procede del erario. En la práctica, las campañas en México se financian o por triangulaciones presupuestales o por acuerdos con millonarios que les meten a las campañas esperando recibir algo a cambio. La declaración de Lomelí no es un lapsus, sino la admisión de uno de los mayores males que afectan a la democracia en México. Y es que como ciudadanos pocas veces sabemos quién está detrás de los candidatos. Esos que compran poder metiéndole lana a las campañas.
No sé si el propio candidato es consciente de lo que dejan entrever sus palabras