A un año del homicidio de Giovanni, falta control a policías: especialista
Seguridad. Académico del Iteso considera que la administración debe tener mayor vigilancia de los elementos
A un año del asesinato de Giovanni López Ramírez, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos luego de haber sido arrestado por no portar cubrebocas, hay circunstancias por aclarar, consideró Jorge Tejeda, especialista en seguridad y académico del Iteso, pues señaló que “no hay una explicación muy clara todavía, ni una investigación o que se haya revelado hasta qué persona sabía, si los mandos conocían sobre los hechos, todavía hay pendientes en ese caso”.
El homicidio del joven de 30 años causó indignación social y un mes después se suscitaron protestas y disturbios por el abuso policial; durante los hechos se registró la desaparición forzada de manifestantes por agentes de la Fiscalía del Estado. “Quedan muchas dudas acerca del verdadero control quetieneelgobiernodelestadosobresuspolicías,nohayundiscurso claro, ni documentación para los que estudiamos que revelen exactamente cómo le están haciendo los mandos para prevenir y controlar”, señaló Tejeda.
Ambos hechos figuran en el informe 2020/21 publicado por Amnistía Internacional, que documenta las violaciones a los derechos humanos más graves en 149 países. “Pero hoy por hoy estas cosas pasan porque es muy fácil para una policía borrar la propia vigilancia, de modo que no se sepa en todo momento qué están haciendo, dónde están, cuándo salieron y esto denota una falta de avance en los órganos de control interno”, denunció.
Por otro lado, el especialista reconoció que los delitos de alto impacto, como la desaparición forzada, secuestro y delincuencia organizada, son competencia de la Federación; sin embargo, el Gobierno del Estado debe vigilar, investigar y sancionar a los elementos de seguridad pública que se infiltran en el crimen organizado. “Porque definitivamente le toca al Gobierno del Estado y a nadie más ejercer el control de sus agentes, no puede responder un superior o la cabeza del Ejecutivo por las acciones de cada uno de sus elementos, pero sí debe responder a la planeación que, al final de cuentas, se haga del control de la confianza”, dijo.
La estrategia de seguridad a cargo de la administración estatal es cuestionable por el involucramiento constante de elementos de las corporaciones en la delincuencia, lo que significa que cualquier oficial puede detener a la persona y desaparecerla, alertó Tejeda.
El caso más reciente ocurrió en Acatic. La Fiscalía del Estado reconoció que siete uniformados del municipio están relacionados con la desaparición de una familia en marzo pasado.
Tejeda compartió que, desde hace décadas, especialistas y académicos han propuesto la instalación georreferenciada con GPS hacia policías para saber su ubicación para prevenir y vigilar a los elementos. “También tiene responsabilidad el Gobierno del Estado en tener cuidado en recabar los datos necesarios sobre la corporación y todas las actividades para poder compartirla con la Federación, que tiene gran cantidad de información, que va a ser que con eso termine de hacer el mapa delictivo y de la capacidad y presencia de los grupos en la delincuencia organizada”, precisó.
El académico dijo que el desarme de las policías exhibe la situación crítica de la seguridad en Jalisco, al visibilizar la relación directaquelosuniformadosmantienen con la delincuencia organizada. El año pasado las corporaciones de Jalostotitlán y Poncitlán fueron desmanteladas y a inicios de marzo la de Mezquitic, al considerar que los elementos están presuntamente ligados con desapariciones forzadas.
El desarme de las corporaciones exhibe la situación crítica en Jalisco