La ley a orillas del Manzanares
Dicen que Sánchez quiere poner coto a los sueños expansivos de su ex factótum después de impulsarlo ladera abajo. Iván Redondo se había dotado de un equipo impresionante, reclutando a dedo a un montón de asesores sobre los que no acaban de ponerse de acuerdo los medios. Este diario los había cuantificado en 989 al cierre de 2020. ¿989 asesores? No caben en Moncloa. Pero… ¿Hubo alguna vez 11.000 vírgenes? se preguntaba Jardiel
Poncela, sin saber tampoco si asesores y vírgenes tienen utilidades intercambiables.
Iván Redondo ha muerto políticamente hablando por empacho de asesores. Productividad marginal decreciente se llamaba la figura en las primeras lecciones de Teoría Económica que se estudiaban en mis tiempos. Lo que hayan podido estudiar los hermanos
Garzón yo ya no sé. Era el tema que a medida que incorporabas inputs, capital y trabajo, la productividad aumentaba, pero solo hasta un determinado nivel. A partir de ahí los factores se estorbaban unos a otros, la productividad se estancaba y aun disminuía.
El Tribunal Constitucional ha desautorizado el confinamiento al que nos sometió el Gobierno después de que la pandemia se disparase el 8-M. Hubo llamadas y presiones. Ayer publicamos una foto del doctor Sánchez con el presidente del Constitucional, González Rivas, que es bizcochable, según dicen, aunque también hay ejemplos de lo contrario. La magistrada Encarnación Roca también reconoció haber sido llamada sobre el tema, aunque no dijo por quien, y aunque el telefonazo tuviera
un éxito discreto, porque ella, del sector progresista, fue el voto que inclinó al Constitucional en contra del Gobierno. A veces pasa. Ya ocurrió, cuando Manuel Aragón
Reyes, progresista, hizo célebres sus votos particulares contra la legalización de Bildu, Sortu y otras causas.
Lamentablemente, el Gobierno tiene jueces en su bando: Margarita está linda la mar, Fernando Grande Marlasca y Pilar Llop, que sustituye a Juan Carlos Campo.
Claro que para esto no hacían falta jueces, bastaban las ninfas de Podemos, Irene Montero y la Belarra. Porque Margarita Robles tachó de «elucubraciones doctrinales» los considerandos del Constitucional, Pilar Llop, que fue expulsada del Poder Judicial en 2013 por su radicalismo de género, salió a mostrar su disconformidad con el fallo del TC, sin conocerlo en su totalidad y apuntándose al balance sanchista del año pasado, de que el estado de alarma permitió salvar 450.000 vidas. No tiene idea de cuantas se perdieron, pero tampoco conoce los términos de la sentencia, el contenido del auto del Constitucional, que no cuestiona las medidas, sino la herramienta para aplicarlas: no estado de alarma, sino estado de excepción y control parlamentario.
Naturalmente en este magreo a la Justicia no podían faltar Grande Marlasca ni Conde-Pumpido, aquel fiscal general que llegó al zapaterismo para arrastrar la toga por el polvo del camino, de la carretera, del molino, etc. y que votó contra el fallo «porque puede crear un grave problema político». El día que se pronuncien Lola Delgado y su novio inhabilitado ya estarán todos. Una habilidad hay que reconocerle a Sánchez: ha sabido rodearse de gentecilla a su medida.
Iván Redondo ha muerto políticamente hablando por empacho de asesores