«La sentencia crea un grave problema político»
El magistrado Conde-Pumpido emite un voto particular muy duro
Los votos particulares contra la sentencia del estado de alarma serán cinco, pero es difícil que alguno sea más duro que el de Cándido Conde-Pumpido. El magistrado sostiene que quienes el miércoles respaldaron la sentencia buscaron «atajos» para declarar la inconstitucionalidad y, con ello, dejaron al Estado en una situación peligrosa.
«Constituye una tradición del tribunal citar la frase del primer presidente, García Pelayo, quien señaló que la función del Tribunal Constitucional es la de resolver problemas políticos con argumentos jurídicos. La sentencia de la mayoría hace exactamente lo contrario. No resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma».
Según el magistrado, lo acordado «no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos», sino que utiliza «un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido [Vox] que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga».
El ex fiscal general afirma que los seis magistrados de la mayoría confunden los conceptos de limitación de derechos (estado de alarma) y de suspensión (estado de excepción). «Lo que diferencia la categoría de la suspensión de la de la restricción es la sustitución, entre otras, del régimen de garantías al que se someten las limitaciones de un concreto derecho y no el grado de intensidad o la generalidad de éstas».
A juicio del magistrado resulta llamativo que la sentencia proponga aplicar un estado, el de excepción, donde «las garantías constitucionales desaparecen», en lugar de aquél donde ello no ocurre, el estado de alarma. «Se trata de una curiosa concepción de los derechos fundamentales, pues los que la sostienen afirman, erradamente, que su construcción serviría a una mayor garantía de aquellos, cuando es precisamente al contrario, pues su efecto es, como hemos visto, la supresión de las garantías constitucionales a cambio de la mera parlamentarización de su declaración», dice en referencia que el estado de alarma lo ratifica primero el Congreso, frente al de alarma, que la Cámara examina sólo a posteriori si es que se va a prorrogar. El voto emplea un tono duro con la sentencia. «En un ejercicio más propio de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución, viene a considerar que tanto el Gobierno como el Parlamento que prorrogó las medidas inicialmente adoptadas con más del 90% de apoyo de la Cámara y sin ningún voto en contra, erraron en la elección del estado declarado».
El voto de Conde-Pumpido, junto con los de los otros cuatro magistrados discrepantes, se comunicará la próxima semana, junto con la sentencia finalmente respaldada por seis magistrados.