Una muerte anunciada
Ante la proximidad de la elecciones autonómicas, el autor analiza el escenario político de Castilla y León, una cita electoral de características inéditas tras la irrupción de los partidos de la conocida como ‘España Vaciada’
CONVIENE recordar cómo empezó esta historia: tras las elecciones autonómicas de 2019, ganadas por el PSOE de Castilla y León después de décadas de oposición, Francisco Igea inició conversaciones con el PSOE, a fin de facilitar una alternancia política que permitiese oxigenar el ambiente de corrupción y clientelismo que había caracterizado la gestión del PP en uno de sus feudos. La opción era coherente con la estrategia que hasta ese momento había seguido Ciudadanos: pues así como en 2015 había decidido apoyar a Susana Díaz, por un lado, y a Cristina Cifuentes, por el otro, ahora se invertían las tornas para que la misma estrategia siguiera dando frutos y Cs mantuviese su función de partido bisagra capaz de repartir juego a derecha e izquierda. Y puesto que Juan Marín se había decantado en esta ocasión (2019) por apoyar a Juan Manuel Moreno, líder del PP en Andalucía, correspondía a Igea, en justa coherencia, negociar a su vez con el PSOE. Pero Albert Rivera dio instrucciones de liquidar dichas conversaciones no solo en Castilla y León, sino también en otras comunidades como Asturias, donde Juan Vázquez resultó damnificado también por aquella decisión fatal de Rivera. En el caso de Castilla y León, Igea tuvo todavía la oportunidad de negociar con Mañueco, líder del PP regional, que, consciente de que no era su primera opción (puesto que lo hacía por imposición de Rivera), no dudó en ofrecerle generosas compensaciones, alguna de ellas sonrojantes para el propio Igea, que consiguió así, por poner un ejemplo, la alcaldía de Palencia con apenas dos concejales naranjas. Peor suerte corrió Juan Vázquez en Asturias, donde la correlación de fuerzas le dejó fuera de juego, dando lugar a una mayoría de izquierdas.
De nada sirvieron las advertencias de quienes guardaban buena memoria de cómo, a finales de los ochenta, el CDS había cavado su tumba en Castilla y León con esa misma estrategia: la ceguera ideológica y la pulsión suicida de Albert Rivera fueron más poderosas que la memoria y el sentido común (recordemos que Francisco Igea se refirió a la negativa de Rivera a sentarse a negociar con el PSOE como «el mayor error político desde la transición»). Y así como el CDS aguantó todavía una legislatura antes de sucumbir, ahora, cuando la velocidad del tiempo político se ha acelerado hasta límites de vértigo, han bastado dos años para que el éxito electoral de Cs en 2019, el mayor éxito de un partido de centro después del de la UCD, se haya evaporado.
Puesto que ya expliqué en otra parte la recomposición electoral del centro derecha que hizo posible el éxito electoral de Díaz Ayuso en las pasadas elecciones madrileñas (Sociología en tiempos de pandemia, Marcial Pons), no me voy a detener en ello, pero sí me gustaría señalar algunas de las especificidades regionales que hacen la tarea de Mañueco más fácil que la que afrontó Díaz Ayuso en su momento. Por lo pronto, la oferta política de Castilla y León no está tan diversificada, como consecuencia de una estructura poblacional envejecida y diezmada por la emigración. Esto explica que la izquierda de Castilla y León carezca en este momento de alternativas a unos partidos desgastados por la acción de gobierno a nivel nacional (PSOE y UP), como puede serlo Más Madrid, que recoge las preocupaciones de las nuevas clases medias (profesionales y técnicos) en materia de servicios públicos y de cuestiones medioambientales (estas nuevas clases medias tienen en Madrid un peso mucho mayor que en Castilla y León: 23% frente al 13% del censo). Hay que tener en cuenta, asimismo, que, por contraste con el PP madrileño, que tiene un perfil ultraliberal en la línea de Esperanza Aguirre, el PP de Castilla y León pertenece a una tradición más bien conservadora, con tintes democristianos, que conecta mejor con las demandas de un medio rural con serios problemas de dependencia (en Castilla y León, el peso de los jubilados y las amas de casa es nueve puntos porcentuales superior al de Madrid: 39% frente al 30% del censo). En definitiva, diferentes escenarios sociodemográficos dan como resultado escenarios políticos diferenciados.
Esto hace que las expectativas de cambio político estén depositadas en esta ocasión en las candidaturas de la España Vaciada, pero ese es precisamente el peligro que Mañueco se ha apresurado a conjurar con una convocatoria electoral por sorpresa. Como ya adelanté en un artículo anterior (La irrupción política de la España despoblada, EL MUNDO 8/10/2021), es fácil denunciar el nuevo caciquismo articulado alrededor de las Diputaciones y los alcaldes rurales, pero otra cosa es ofrecer una alternativa creíble a los ojos del votante rural acostumbrado a un intercambio pragmático de servicios y lealtades. Teruel Existe estuvo 20 años predicando la buena nueva antes de dar el salto a la contienda electoral y para ello fue precisa una repetición electoral (recordemos que la plataforma que promovió la Revuelta de la España Vaciada se presentó en
Madrid en vísperas de las elecciones de abril de 2019, por lo que su primera candidatura no estuvo lista hasta la repetición de noviembre). En Castilla y León, solo el trabajo de implantación acometido por Soria ¡ya! es comparable al realizado en su día por Teruel Existe. En ambos casos, la problemática es muy parecida y están implicados todos los sectores sociales, incluidos los empresarios. En las demás provincias, queda mucho trabajo por hacer, razón por la que algunas de estas candidaturas han desistido de presentarse a las elecciones. En algún caso, la experiencia puede ser una pesadilla, si, como parece, alguien intenta aprovechar la coyuntura para provocar una sopa de siglas y sembrar la confusión.
Con estas premisas, las apuestas a día de hoy parecen claras: el PP estaría al borde de la mayoría absoluta, de manera que podría permitirse una legislatura (esta es la principal ventaja de Mañueco respecto a Díaz Ayuso: que tiene cuatro años por delante) de geometría variable, pudiendo completar mayorías tanto con Vox como con las candidaturas provinciales (sea la UPL o las de nueva creación). En tal caso, las municipales de mayo de 2023 servirán tan solo para ajustar la composición de los más de 2.000 ayuntamientos de Castilla y León a la nueva correlación de fuerzas, lo que amenaza con devolver a la izquierda a la irrelevancia política en la región más extensa de Europa.
MIENTRAS tanto, las candidaturas de la España vaciada tendrán que esperar a una nueva ocasión. Es verdad que la coyuntura se presentaba propicia, ahora que el «federalismo castizo» (la guasa es de Josu de Miguel) parece vivir momentos de esplendor y que cualquier cosa vale como acompañamiento de la negociación de los presupuestos, incluido el control de las cuentas municipales. No es de extrañar, por tanto, que algunos hayan visto ahí la posibilidad, por lo pronto, de conseguir infraestructuras, pero, ya puestos, por qué no conseguir también la sede de un organismo del Estado y, si se tercia, por qué no reclamar una autonomía provincial. Qué importa si las proyecciones demográficas indican que la población provincial se puede quedar en la mitad en este mismo siglo. Si hemos de sucumbir a la demografía, que sea al menos con dignidad.
Aunque no es propio del análisis sociológico que suelo hacer aprovechando la hospitalidad que me concede esta tribuna, me van a permitir que termine con una reflexión personal. Procedo de un pueblo de la montaña de Riaño que quedó sentenciado por la decisión de hacer un pantano, decisión que me convirtió en un apátrida, que es como supongo que se siente esa emigración forzosa que ahora constituye la mayor provincia de Castilla y León pero que solo existe como población vinculada, es decir, emigración que vuelve según la estación del año y que mantiene la esperanza de que Castilla y León no termine reducida al parque monumental y al desolado paisaje que tantos escritores han querido ver en ella.
El PP de Castilla y León pertenece a una tradición más bien conservadora, que conecta mejor con las demandas del medio rural
Juan Jesús González es catedrático de Sociología de la UNED.