Proyecto de Constitución chilena, con graves fallas
Editorial. La carta parece más un manifiesto político que una síntesis de derechos; será de las más largas y vagas del mundo
Los chilenos votarán el domingo sobre la adopción de una nueva y radical Constitución. Está en juego el modelo económico de uno de los mercados emergentes más exitosos del mundo. Los augurios no son buenos.
Durante las últimas tres décadas, Chile fue anunciado como un ejemplo. Los inversionistas adoraban su crecimiento constante, sus leyes estables y predecibles y su gobierno tecnocrático. Pero las impresionantes cifras económicas y la reducción de la pobreza ocultaban importantes defectos. La desigualdad seguía elevada y la salud, la educación y las pensiones públicas, inadecuadas. Una sociedad clasista y una economía dominada por las familias tradicionales limitaban las oportunidades de quienes no habían nacido en la riqueza.
Las protestas estudiantiles estallaron en 2006 y de nuevo en 2011-2013. En octubre de 2019 la ira pública estalló con semanas de manifestaciones a veces violentas. Una promesa del gobierno de una nueva Constitución para reemplazar el actual documento de la era de la dictadura ayudó a convencer a los manifestantes a abandonar las barricadas.
Loschilenosconfiaronlaredacción de una nueva carta magna a una asamblea elegida en 2021. La mayoría de los ciudadanos esperaban un documento que preservara la prosperidad pero que inclinara la balanza hacia un Estado más fuerte para mejorar los servicios públicos y distribuir la riqueza de forma más justa, pero eso no ocurrió. Elegida con una baja participación durante la pandemia, la asamblea constituyente estuvo dominada por la extrema izquierda.Unbandograndede“independientes” resultó ser de activistas radicales. El órgano resultó ser pocorepresentativodelasociedad chilena,queestáequilibradaentre la izquierda y la derecha, y que por lo general rehúye los extremos.
Después de un año de deliberaciones, a veces caóticas, la asamblea elaboró su proyecto. No es breve. La nueva carta tiene 388 artículos y 57 cláusulas transitorias. Será una de las constituciones más largas del mundo; sin embargo, una de las más vagas. El Estado, por ejemplo, “reconocerá y promoverá el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones”.
Una larga lista de responsabilidadesgubernamentalesseextiendealdesarrollodelpatrimonioculinario de Chile y a la creación de medios de comunicación regioAlgo
preocupante para las empresas es que el documento erosiona los derechos de propiedad y balcaniza Chile en un estado “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, incluyendo territorios autónomos con sus propios sistemas de justicia. Sustituye el Senado por una mermada “cámara de regiones”, eliminando controles y contrapesos vitales.
Chile es el productor de cobre más grande del mundo y el segundo mayor exportador de litio, pero el proyecto de carta magna crea tanta inseguridad jurídica que corre el riesgo de disuadir las grandes inversiones necesarias para las nuevas minas.
Alarmados por su radicalismo y sufriendo una fuerte recesión económica, los chilenos se pusieron contra la nueva Constitución. Los sondeos muestran que una ligera mayoría la rechaza (aunque su confiabilidad es incierta). Gabriel Boric, presidente de izquierda del país, está a favor, pero prometió enmiendas. Esto no resolverá el mayor problema: que el proyecto carece del amplio apoyo necesario para un documento fundacional. Los inversionistas ya dieron su veredicto: la moneda chilena se devaluó más rápido en el año hasta julio que cualquiera de sus pares regionales, una tendencia exacerbada por el débil precio del cobre.
Existe un amplio consenso en Chile sobre la necesidad de una nueva Constitución. Este proyecto con grandes deficiencias no es la solución. Será mejor pedir al Congreso que nombre una nueva convención constitucional. De este modo, es más probable que se consiga la prosperidad futura y la sociedad más justa a la que los chilenos aspiran con razón.