Más allá de la Guardia Nacional
Para no incurrir en alguna inutilidad como las referidas por mi amigo Augusto Chacón (El Informador, 4 de septiembre), evitaré detenerme en lo expresado durante el mensaje político del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la presentación de su 4º informe de gobierno ante el Congreso de la Unión y más bien nos referiremos a la decisión efectivamente adoptada que le acompañó: me refiero a la iniciativa que envió al Congreso con el propósito de reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y de Ascensos, Recompensas del Ejército y Fuerza Área, con la finalidad de transferir el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que, a decir del propio presidente su “propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en el país” (MILENIO JALISCO, 2 de septiembre).
Más allá del embrollo constitucional que supone la decisión de subordinar administrativamente la operación de la Guardia Nacional al ejército mexicano, sin haber modificado la Constitución que, expresamente, la define como una institución de carácter civil; lo cierto es que será nuevamente la Suprema
Corte de Justicia de la Nación la que deberá resolver lo conducente respecto de los recursos jurídicos promovidos por algunos legisladores de la oposición.
En este complicado contexto, no es razonable esperar nada nuevo de lo que se perfila como un nuevo capítulo de las historias de mutua incomprensión que han marcado las relaciones entre actores políticos, y que particularmente se han visto recrudecidas en lo que a estrategias para hacer frente al creciente fenómeno de inseguridad pública del país se refiere. Me parece más sensata y esperanzadora la apuesta dialógica entre ciudadanos, autoridades y académicos que sería deseable avanzar desde lo local a fin de construir agendas a favor de la reducción de las violencias como la que impulsa la red internacional AHRC que sesionó recientemente en El Colegio de Jalisco.
Será nuevamente la SCJN la que deberá resolver lo conducente