¡Justicia a corcholatazos!
E n un Estado democrático de derecho no son aceptables amenazas ni interferencias arteras, y menos si provienen de los gobernantes.
Pues, esas perversidades están muy arraigadas entre nosotros: no suele haber campaña política capaz de atraer una copiosa votación sin estar aderezada con amenazas de encarcelar a opositores. La frase es vigorosa: “yo voy a meter a la cárcel a fulano, zutano y perengano, y a todos los corruptos”; y ¡estallan los aplausos y “vivas” al prócer en ciernes!
Sin embargo, no todo se reduce a compromisos por cumplir, lo peor llega enseguida. Me refiero a las interferencias groseras de algunos gobernantes (empezando por Tartufo) en asuntos exclusivamente a cargo de fiscalías y juzgadores. Se arrogan facultades exclusivas de los ministerios públicos y del poder Judicial, trastocando, tales pelafustanes, la legalidad y la impartición de justicia.
Es una cascada de porquería y zafiedad del cantamañanas de Palacio en contra de ministerios públicos y jueces cuyas resoluciones le desagradan al depredador con ínfulas de emperador. El dedito imperial hacia abajo implica condena inapelable, seguida del ominoso silencio de los más obligados a defender a los agraviados.
Y, por supuesto, el mal ejemplo cunde. Va un caso, entre muchos:
Hace pocos días fue hallado a orillas de una carretera en el estado de Morelos el cuerpo de una joven. La necropsia hecha por peritos de esa entidad determinó como causa de la muerte una “broncoaspiración por intoxicación alcohólica”. Días después, los servicios periciales de CdMx dictaminaron el caso como “feminicidio” y dos personas están en prisión como presuntas responsables. Los juzgadores darán, previo juicio, el veredicto legal.
Pues, ni tarde ni perezosa, la jefa de Gobierno de CdMx endilgó al fiscal de Morelos un rosario de delitos, y sentenció: ¡fue “feminicidio”! “¡Ningún fiscal debe culpar a una mujer de su propia muerte!”. Pues el fiscal a nadie culpó, sólo informó de una necropsia; y yo pregunto: ¿y en casos de suicidios o de meros accidentes causados por ellas, qué deben dictaminar los peritos?
¡Viva el Tribunal del Santo Oficio de las Corcholatas!
Los 10 crímenes diarios en contra de mujeres (y sus desapariciones) obligan a las autoridades competentes a evitar la impunidad y a garantizar la vida y la seguridad de los gobernados, pero sin la interferencia oportunista y trapera de los incompetentes por disposición de la ley… y por sus rupestres entendederas.
Los peritos y el fiscal podrán enfrentar las acusaciones, pero a los imputados, sean inocentes o culpables de homicidio, maldito infierno les espera (si sus jueces resultan de consigna) pues ya fueron condenados por la monita consentida del ventrílocuo tropical, la insuflada y hoy “poderosa” corcholata.