Libertad académica y crisis
México vive una crisis democrática, que también se refleja en una crisis de libertades académicas. Así lo evidencia el “Índice de Libertad Académica 2022”, elaborado por el prestigiado instituto europeo Varieties of Democracy.
A través de diversos indicadores, este índice evalúa a 177 países en áreas como la libertad de cátedra e investigación, la tolerancia a la pluralidad y la libre expresión; así como el respeto a la autonomía universitaria. Elementos fundamentales para un adecuado desarrollo científico, cultural y democrático de las naciones.
La más reciente evaluación nos debe llamar a la reflexión: pasamos de estar en el “top 20” en 2011, a la par de democracias consolidadas como EEUU, Reino Unido, Alemania o Finlandia, a ocupar la penosa posición 77. México bajó su puntuación de 0.92 en 2011 a 0.76 en 2021.
¿Qué significa esto? Que estamos cada vez más cerca de los países autoritarios y cada vez más lejos del liberalismo democrático.
Van algunos ejemplos: son cada vez más comunes las acusaciones y generalizaciones infundadas, así como la estigmatización a las y los académicos desde el poder público. Hay imposición de directivos en instituciones de educación superior, cuyo caso emblemático es el CIDE.
También, las universidades públicas enfrentan la mayor desinversión presupuestal de la historia moderna. Sin un presupuesto suficiente, la libertad académica y la autonomía universitaria son una quimera.
El deterioro de las libertades académicas y la asfixia presupuestal no solo suceden a nivel nacional. En Jalisco, los constantes ataques y estigmatizaciones del gobierno del estado hacia la Universidad de Guadalajara -así como los castigos presupuestales- también deben verse como parte de esta tendencia autoritaria.
Coincido con el destacado pedagogo Henry Giroux, quien señala a la educación superior como contrapeso al poder autoritario, pues esta tiene la responsabilidad no solo de formar profesionistas, sino de educar con una perspectiva crítica, política y moralmente responsable.
La libertad académica y la autonomía no deben ser vistas como una prerrogativa de las universidades, sino como un logro de las sociedades democráticas.
Las universidades públicas enfrentan la mayor desinversión