Escaramuzas y silencio federalista
La reforma político-electoral entra en fase decisoria. A la fecha, se observan escaramuzas mediáticas, intensas y de sordos, con reacomodos en posiciones que vaticinan un cierre cargado de incertidumbre, pues ninguna de las partes quiere terminar con pérdida.
¿Hay condiciones para una reforma electoral que modifique lo sustancial de nuestro sistema político-electoral federalista? La respuesta es no. Nació y se desarrolla desde quien ejerce el poder público y quienes son gobierno (Ejecutivo y Legislativo); desde cúpulas del centro y a partir de premisas cargadas de prejuicios explotando elementos reducidos a lo simple.
Las propuestas de reforma, en particular la del Ejecutivo federal, responde a una sola visión y dos supuestos sobredimensionados, que, al identificar su sustento, gran parte se desmoronan: altos costos del sistema electoral y corrupción de los órganos electorales.
A partir de ello, costos y corrupción, se construyó una narrativa que ha permeado e impedido una revisión serena, objetiva, de nuestro sistema político-electoral, que aunque se niegue, ha funcionado y funciona incluso para quienes hoy ejercen el poder público.
La reforma propuesta por el Ejecutivo trastoca y anula el espíritu federalista de nuestra identidad nacional. Si la propuesta y análisis de una reforma de tal envergadura se hubiera originado y construido desde las entidades federativas, sería democrática y federalista; pero no, fue todo lo contrario, convirtiéndola en impositiva, antidemocrática y antifederalista.
El próximo miércoles, en congruencia a la ruta impositivo-centralista, si no hay acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, se someterá en los días siguientes a un engañoso sacrificio la iniciativa del Ejecutivo (reforma constitucional) para intentar cambios en leyes secundarias con la intención de sacar adelante lo más posible de la constitucional, aún con riesgo de ignorar y trastocar la propia Constitución.
El tiempo está encima. Se tiene hasta mediados de diciembre para que decidan y acuerden algo sobre una nación federalista. Mientras tanto, los siguientes decisores locales, los Congresos estatales, con su silencio sacrifican y entregan el federalismo que les dio identidad, a la espera de que otros decidan por ellos.
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Se construyó una narrativa de corrupción que ha permeado