El Amparo contra la tiranía (II)

Desde la presentación de la reforma a la Ley de Amparo el pasado 17 de abril en el Senado se dieron argumentos que evidenciaron que es anticonstitucional.

Recordemos que la reforma – ya aprobada también por la Cámara de Diputados- a los artículos 129 y 148 de dicha ley nos quita a los ciudadanos comunes el derecho a obtener, a través de un juicio de Amparo, la suspensión temporal del acto reclamado si se considera que la suspensión afecta al interés público, y en caso de conceder la suspensión contra leyes o normas de aplicación general, ésta no podrá tener efectos generales -como sí se podía desde el 2011 en caso de derechos de naturaleza colectiva como la educación, la salud y la protección del medio ambiente-.

En la presentación Morena esgrimió que los jueces no pueden estar por encima del Congreso al suspender reformas o nuevas leyes ya que se debe garantizar “la presunción de constitucionalidad” de las leyes que emiten el Congreso de la Unión y los de los estados.

Este principio por más bueno que parezca no puede estar por encima de la defensa y progresividad de los derechos humanos, de los derechos del ciudadano que establece la Constitución desde su artículo primero. Dicha presunción no se puede tomar como verdad absoluta cuando las nuevas leyes o reformas se basan solo en la supuesta superioridad institucional del Congreso, mucho menos ante la evidente interferencia del Ejecutivo sobre los legisladores de su partido y aliados para sacarla adelante con el solo fin de que sus decisiones no sigan siendo frenadas en los tribunales -como en la fallida reforma eléctrica-.

No es correcto que una ley o reforma anticonstitucional sea aprobada y aceptada solo porque cierta fuerza política es mayoritaria en un Congreso y menos si ésta obedece al interés de empoderar más al Presidente en turno en detrimento del ciudadano y de sus derechos protegidos por la Constitución. Justamente para evitar esto es que se creó el Amparo.

Además, desde su presentación Morena hizo una confesión velada: “Por supuesto que no estamos afectando derechos ni haciendo una regresión a las garantías (…) tampoco violentamos el principio de constitucionalidad del artículo primero”. Más que claro.

Morena esgrimió que los jueces no pueden estar por encima del Congreso