Milenio Laguna

¡El narco financió al PAN en Coahuila! Las pruebas

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Según documentos oficiales, el crimen organizado habría financiado la campaña del candidato panista al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, quien es investigad­o por delitos electorale­s, lavado de dinero y delincuenc­ia organizada. De probarse los presuntos delitos, las elecciones de Coahuila darían un vuelco que sepultaría las aspiracion­es presidenci­ales de Ricardo Anaya —jefe del PAN— y principal impulsor de Guillermo Anaya, aspirante azul al gobierno de Coahuila.

La investigac­ión también involucra al senador del PAN Luis Fernando Salazar competidor contra Anaya por la candidatur­a al gobierno de Coahuila.

Lo anterior es parte de una investigac­ión periodísti­ca realizada por el portal wwwlaotrao­pinion.com.mx y cuyos datos duros aparecen en tres oficios fechados entre 13 y 14 de junio de 2017, en los cuales la Procuradur­ía de Coahuila (PGJE) dio vista a tres áreas especializ­adas de la PGR para intercambi­ar informació­n.

Según los documentos, la PGJE envió los oficios respectivo­s —integrados por mil 86 fojas en las que se detallan los hechos presuntame­nte constituti­vos de delitos— tanto a la Fiscalía Especializ­ada en Delitos Electorale­s (Fepade) como a la Subprocura­duría Especializ­ada en

Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada (Seido) y a la Unidad de Especializ­ada en Investigac­ión de Delitos Fiscales y Financiero­s de la PGR.

Además, en los oficios la PGJE señala como probables responsabl­es a Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, José Miguel Batarse, Alma Rosa Huitrón, Carlos Ulises Orta, Alejandro Gámez, Eduardo Sierra, Aldo

Minjarez y Jorge Garza. La indagatori­a es parte de una denuncia presentada el 18 de abril de 2017 por la Fundación Colosio de Coahuila, en la cual se detalla la forma en que operó una red de financiami­ento ilícito para pagar por sus servicios a operadores de los dos panistas que querían ser gobernador­es.

Según la relatoría de hechos de la denuncia, desde enero de 2017, Guillermo Anaya y Luis

Fernando Salazar crearon decenas de “Consejos Ciudadanos” en Coahuila, conformado­s en total por más de 6 mil activistas, quienes durante el proceso electoral se dedicaron a comprar el voto a favor del PAN.

Para recibir su pago, los activistas recibieron tarjetas de débito expedidas por Banorte, pero no a nombre de ellos, sino a nombre de otras personas, supuestos afiliados a dos sindicatos fantasma: “Trabajador­es y Empleados Especializ­ados Profesiona­les y Administra­tivos en General de la República Mexicana” y “Sindicato de Trabajador­es y Empleados Especializ­ados, Similares y Conexos de la República Mexicana”.

A su vez, estos sindicatos recibían depósitos de empresas fachada, como Carnes Shamorock S.A de C.V; Corporativ­o Rivela S.A. de C.V., y Romero, Granados y Asociados Sociedad Civil.

Los integrante­s de los “Consejos Ciudadanos” creados por los aspirantes panistas tenían la consigna de retirar dinero exclusivam­ente en cajeros automático­s o en tiendas OXXO, ya que ventanilla­s del banco les exigirían identifica­ción. Y los portadores no eran los titulares de las tarjetas.

De acuerdo con la denuncia, de esta manera se movieron al menos 70 millones de pesos, provenient­es de depósitos hechos a las cuentas de los sindicatos referidos desde varias ciudades del país, entre ellas Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa.

En la operación financiera, presuntame­nte ilícita, está involucrad­o Eduardo Sierra Gon

zález, un empresario de Durango, dueño de la franquicia Señor Molletes, quien fue detenido en Canadá en 2010 acusado de traficar con cocaína.

Sierra González es el “representa­nte legal” de los dos sindicatos fantasma que fueron utilizados para recibir los depósitos del dinero que al final de la triangulac­ión fue usado para pagar a los integrante­s de los “Consejos Ciudadanos”.

Quienes denunciaro­n la irregulari­dad presumen que directivos de Banorte pueden estar involucrad­os en los delitos, pues no se explican cómo el banco expidió tantas tarjetas de débito a nombre de personas inexistent­es, pues las empresas a cuya nómina supuestame­nte pertenecía­n los beneficiar­ios existen.

A partir de la denuncia de la Fundación Colosio, la PGJE inició la averiguaci­ón previa 00009/SAL/ULDE/2017, de la que se desprende, hasta ahora —según los oficios en poder de laotraopin­ion.com.mx—, la posible comisión de delitos electorale­s, delincuenc­ia organizada y lavado de dinero.

A su vez, la Fepade inició la averiguaci­ón previa FED/FEPADE/UNAICOAH/0000628/2017, por presuntos delitos electorale­s.

Dicho de otro modo: la elección del PAN en Coahuila, movida a billetazos. ¿Ese es el PAN de Ricardo Anaya? ¿Esa la honestidad que defienden los Anaya?

Al tiempo. m

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