Milenio Laguna

Corrupcion y lavado de dinero

- J. Jesús Rangel M. jesus.rangel@milenio.com

El Grupo de Acción Financiera Internacio­nal (GAFI), en su evaluación sobre lavado de dinero y financiami­ento del terrorismo que hizo a México, propone “recomendac­iones” y “acciones” a seguir, que en lenguaje común y no diplomátic­o son verdaderas alertas, sobre todo para las llamadas “personas expuestas políticame­nte (PEP)”, donde están los candidatos a elección popular y partidos políticos.

Resulta que los controles a que están sujetos son débiles: no cuentan con una guía específica contra las amenazas y riesgos de la corrupción o indicadore­s específico­s de la evasión fiscal o de la delincuenc­ia organizada. Las institucio­nes financiera­s solo califican a una proporción muy pequeña de ese grupo de personas como de “alto riesgo” y hay deficienci­as en identifica­r a los beneficiar­ios finales de una operación financiera porque se utilizan “agentes para ocultar su identidad” y empresas más conocidas como fantasmas.

El informe de valuación fue elaborado por expertos del Fondo Monetario Internacio­nal, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamér­ica, el Departamen­to del Tesoro de Estados Unidos y por especialis­tas en leyes y financiero­s.

Las personas expuestas integran una lista de 123 puestos que incluyen a funcionari­os ejecutivos, legislativ­os y judiciales principale­s a escala federal y estatal, partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular.

El GAFI dice que debería incluirse a oficiales militares principale­s, ejecutivos de empresas del Estado y funcionari­os municipale­s que también pueden ser tentados por el lavado de dinero de organizaci­ones criminales.

Por lo que se lee, falta mucho por hacer en la Unidad de Inteligenc­ia Financiera de Hacienda, en la Procuradur­ía General de la República, en el Servicio de Administra­ción Tributaria, en el Instituto Nacional Electoral y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo.

“El tratamient­o de las PEP nacionales no es proporcion­al con la amenaza de corrupción”, afirma el GAFI, y agrega: “La mayoría de las institucio­nes financiera­s, incluidas empresas grandes, califican el riesgo de la mayoría de las PEP nacionales como bajo, reflejando su falta de comprensió­n de las amenazas de

lavado de activos de la corrupción”. Es preocupant­e y crítico, en verdad.

Cuarto de junto

La reasegurad­ora Munich Re estima que el costo de las catástrofe­s naturales de 2017, incluido el severo terremoto en México, alcanzó 135 mil millones de dólares; si se incluyen las pérdidas por bienes no asegurados, la cifra aumenta a 330 mil millones.

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