EL AYUNTAMIENTO LES ADEUDA 140 MDP
Ex empleados de Lerdo piden ser reinstalados en sus puestos
Ex empleados del Ayuntamiento de Lerdo piden ser reinstalados en los puestos de los que fueron despedidos injustificadamente en 2007, esto luego de que la actual administración no cuenta con el monto de más de 140 millones que tiene la obligación de acatar por ley.
Esto representaría que sean despedidos actuales empleados que serían relevados por quienes exigen sus puestos que les fueron quitados injustificadamente.
En una reunión sostenida entre la alcaldesa Maria Luisa González Achem y 29 ex trabajadores que se dieron cita en la presidencia municipal junto con el representante legal de los afectados y un actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Durango, se tocaron temas sobre el adeudo y la posibilidad de llegar a mejores acuerdos para dar fi n al caso.
El representante legal del grupo de ex trabajadores, Salvador Olivares de la Cruz, indicó que más que pedir el dinero, piden que sean devueltos los puestos de trabajo que les fueron retirados en su momento de maneja ilícita y que, según el laudo dictado a su favor, por ley deben ser empleados desde el día de hoy. “Los demandantes lo que están pidiendo es su reinstalación en los puestos con los mismos términos y condiciones que tenían antes de ser despedidos de manera injustificada. El dinero que se debe es una consecuencia del juicio”.
González Achem reiteró que su administración no cuenta con el presupuesto para indemnizar a los ex trabajadores por lo que les pidió acercarse para llegar a mejores acuerdos sin llegar a más confrontaciones legales “donde el que más sale perdiendo es la sociedad lerdense y el municipio entero”, expresó.
Puso a cargo del director Jurídico del Ayuntamiento, Gerardo Lara, para ser revisada la situación de las reinstalaciones, quien aseguró tienen argumentos para acatar el tema. “Los puestos que se piden ya están ocuñados. Tomaremos el argumento legal bajo la Ley al Servicio de los Trabajadores del Estado en los articulos 64 y 65, que establece que en caso de tomar un cargo el trabajador puede indemnizarse con tres meses de salario”.
Sin embargo, Olivares de la Cruz aseguró que sólo los empleados que sean de confianza podrán ser liquidados luego de retomar su cargo, no así a los empleados de base, los cuales serían la mayoría.
Es así como seguirá el caso que inició en septiembre de 2007 al terminar la administración de Rosario Castro cuando fueron despedidos los 84 empleados sin recibir su liquidación.
Luego de más de diez años, el actual ayuntamiento debe resolver la situación ante la posibilidad de tener cargos penales contra la alcaldesa en caso de no cumplir con el pago, además del inminente endeudamiento del municipio.
Esto luego de que en el 2015 la Suprema Corte de Justicia emitió junto con el Tribunal Laboral de Durango una sentencia a favor de los ex empleados.