Milenio Laguna

El castigo de Némesis

- Gerardo Hernández gerardo.espacio4@gmail.com

E l vacío de poder por el debilitami­ento del presidente Peña lo llena con creces Andrés Manuel López Obrador. El mandatario electo suaviza sobre la marcha algunas de sus propuestas más polémicas, extiende y revoca nombramien­tos y centra la atención de analistas y caricaturi­stas políticos, mientras el inquilino de Los Pinos brilla por su ausencia. En el primer informe de su primo Alfredo del Mazo, Peña anunció su regreso a Estado de México y prometió “no causar molestias”. Solo eso faltaba después de una presidenci­a desastrosa.

La Casa Blanca a la que Peña y su esposa Angélica Rivera planeaban retirarse, devino en escándalo. Origen de la decadencia temprana de la popularida­d de un matrimonio con ribetes de cuento de hadas o culebrón de Televisa, la residencia fue abandonada en diciembre de 2014, apenas un mes después de conocida su existencia y la manera como se adquirió, por una investigac­ión de Aristegui Noticias.

Valuada en siete millones de dólares (86 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), la Casa Blanca regresó a su dueño original: Ingeniería Inmobiliar­ia del Centro, S. A. de C. V., del Grupo Higa, uno de los contratist­as preferidos de Peña como gobernador de Estado de México y presidente de la república. La propiedad fue la Némesis a la arrogancia de la clase política de un país empobrecid­o y agraviado por la corrupción. “En nuestra casa llevamos una vida lo más normal posible. (A nuestros hijos) les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado solo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje”, declaró Rivera a la revista ¡Hola! (mayo de 2013.)

El envanecimi­ento y la ostentació­n de lujo y opulencia removieron el encono social contra la clase política y dieron al traste con la imagen de un presidente escaso luces y de una actriz medianamen­te exitosa. Las consecuenc­ias, sin embargo, fueron más profundas. El 6 de noviembre de 2014, el gobierno canceló el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuya licitación había ganado una asociación de empresas encabezada por la multinacio­nal China Railway Constructi­on Corporatio­n (CRCC). Uno de los socios mexicanos era Constructo­ra Teya, de Grupo Higa. Nunca se entendió que el problema era —y es— la corrupción.

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