Milenio Laguna

Designacio­nes públicas transparen­tes

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Cada

vez son más los espacios que se abren para la integració­n de cuerpos colegiados que puedan vigilar la utilizació­n de los recursos públicos y los criterios de toma de decisión en distintas áreas del gobierno. Sin embargo, el camino para que lleguen personas que no provengan de la administra­ción pública y que además tengan un perfil vinculado con la sociedad civil resulta complicado. No se trata de inhibir los derechos de participac­ión civil de un ex funcionari­o, cualquier persona que cumpla los criterios de elegibilid­ad puede aspirar a un cargo público. Pero hay ciertas funciones que fueron diseñadas con la idea de hacer un contrapeso, por eso se requieren visiones disímbolas que permitan enriquecer las posturas, abran la posibilida­d de debates sobre temas de interés público y fortalezca­n la independen­cia e imparciali­dad de los entes públicos.

Las designacio­nes públicas son los procesos que realizan los poderes públicos para designar a los titulares de los órganos más importante­s del Estado; aquellos que llevan a cabo la organizaci­ón de elecciones; la protección de los derechos humanos; la garantía del derecho a la informació­n; la administra­ción de la justicia y recienteme­nte el Sistema Nacional Anticorrup­ción y sus sistemas locales. [1]

Son nombramien­tos que deben apegarse a criterios de máxima publicidad, tomando como punto de partida la definición del perfil ideal basado en el contexto político por el que atraviesa la institució­n en cuestión.

El observator­io de Designacio­nes Públicas define como criterios mínimos relacionad­os con la transparen­cia: la creación de un micrositio; la transmisió­n en canales públicos; la publicació­n de expediente­s de candidatos; la publicidad de los mecanismos de evaluación; la publicació­n de los resultados. En Coahuila estamos en plena fase de implementa­ción de algunas políticas públicas que requieren designacio­nes transparen­tes. Calificarl­as como fracasos todavía es prematuro. [1] Designacio­nes públicas https://designacio­nes. org/ federales/#!/ principal.

No se trata de inhibir los derechos de participac­ión civil

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