Héctor Aguilar Camín
“Correcciones sobre la marcha y la vuelta del asistencialismo”
En una nota publicada antes de la reforma del Insabi, más que oportunamente, Raúl Trejo Delarbre, el riguroso columnista del diario Crónica, hizo el recuento de los beneficios para la salud de los mexicanos que podían acreditarse al Seguro Popular.
El Seguro Popular se hacía cargo de los cuidados médicos de primer nivel de 53.5 millones y de 65 tipos de intervenciones de alto costo, en hospitales de especialidades.
Entre las enfermedades graves y caras estaban las malformaciones congénitas, el cáncer, la hepatitis C y el infarto agudo al miocardio. Incluía las principales vacunas y los exámenes de detección preventiva de numerosos padecimientos.
Beneficiaba especialmente a las mujeres, pues 29 de sus 53 millones de afiliados eran mujeres. En 2018, del total de 63 millones de consultas públicas amparadas por el Seguro Popular, 68 por ciento fue para atender a mujeres.
En 2018, el Seguro Popular amparó un millón 735 mil tratamientos hospitalarios. La tercera parte de esos tratamientos fueron para partos espontáneos y otra tercera parte para padecimientos asociados a la maternidad. Más de la mitad de esas atenciones fueron para mujeres de entre 15 y 24 años.
Era también un seguro para los más necesitados. De los 53.5 millones de registrados en el Seguro Popular, casi 30 millones pertenecían a los deciles más bajos de ingreso de la sociedad mexicana, mexicanos que en 2018 tuvieron un ingreso familiar de unos 3 mil pesos mensuales.
Vale decir, que la abrumadora mayoría de los beneficiarios del Seguro Popular era de mexicanos pobres. Entre ellos se contaban 13 millones de indígenas.
“Decir que esa institución no es popular”, concluía Trejo Delarbre, “es un agravio a esos mexicanos” ( https://bit. ly/2Nu9GCu).
Mayor agravio será el impacto del fin del Seguro Popular en la salud de los millones que antes protegía y en la saturación de las nuevas instituciones de salud, despojadas de un instrumento que había mejorado ostensiblemente su cobertura , su financiamiento y la atención a los más necesitados.
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Las correcciones que hacen sobre la marcha las autoridades solo demuestran que han vuelto al asistencialismo clientelar, discrecional, en lo que eran derechos sociales obligatorios, exigibles por los ciudadanos.
Las correcciones revelan asistencialismo clientelar