Por “falta de consenso”, Senado frena proyecto de superfiscalía
Trabas. Monreal pide a representantes del gobierno “ponerse de acuerdo primero”; regresan en 15 días
El Senado se negó a recibir el proyecto de reforma en administración y procuración de justicia destinado a crear una superfiscalía por “falta de consenso” entre los mandos de las instituciones involucradas, como FGR, Seguridad y Suprema Corte.
Será el 1 de febrero cuando intente someter de nuevo el paquete al Legislativo, donde cunden voces en contra.
Desencuentros entre el gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República trabaron ayer la presentación del paquete de reforma en materia de administración y procuración de justicia, por lo que el Senado se negó a recibir el proyecto destinado a crear una superfiscalía.
En una decisión de última hora que causó sorpresa, el fiscal
Alejandro Gertz Manero desglosó el contenido de las nueve iniciativas y anunció que hasta el 1 de febrero intentará someter de nuevo el plan al Poder Legislativo, donde ya hay voces que advierten que viola la presunción de inocencia.
“Será el 1 de febrero cuando yo pueda, si ustedes me lo permiten, ya tener una visión completa para someterla a la soberanía de ustedes, a su conocimiento y, si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público”, expresó.
Antes de la presentación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, recibió en privado al consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al fiscal para informarles que el Senado no se puede hacer cargo de una iniciativa sin consenso ni de los desencuentros en el gabinete.
“Me acaba de hablar el presidente de la Corte para reclamarme que no se le tomó en cuenta y no vino el secretario de Seguridad Pública, que estaba invitado. Mejor pónganse de acuerdo primero…”, les planteó.
De acuerdo con los narrado por testigos de la reunión, Monreal advirtió que estaba enterado de que no había acuerdo sobre las iniciativas, que en este caso “mejor no las presenten”.
“No les voy a aceptar nada, estoy enterado de que no están de acuerdo en el Poder Judicial Federal, que no lo han consultado ni con Alfonso Durazo, que está invitado a la reunión.
“No se las voy a recibir, yo quiero que este proceso concluya bien y tienen que respetar al Poder Judicial Federal y tienen que hablar con Durazo, llegar a un consenso”, subrayó.
El zacatecano hizo notar que ni
la secretaria Sánchez Cordero conocía el contenido de las propuestas, por lo que insistió a Gertz Manero y Scherer ponerse de acuerdo “y entonces platicamos”.
Iniciativas intransitables
Sobre el contenido del proyecto, senadores de Morena coincidieron en que son intransitables las propuestas de arraigo de 40 días para todos los delitos, las detenciones en caliente o el uso de pruebas de origen ilegal, por lo que se deben ajustar.
En público, Monreal resaltó ante los representantes del Ejecutivo y coordinadores que “no impondremos normas que afecten derechos fundamentales” y que en la discusión se escuchará a todos a través de parlamento abierto en busca de consenso.
Pidió a los funcionarios federales no incluir al Poder Judicial en estas reformas hasta que no haya un acuerdo con la Suprema Corte, para que sea un proyecto consensuado; insistió en que el
Senado no se va a apresurar en la discusión, porque se trata de una reforma de gran calado.
Sánchez Cordero solo comentó que acudieron al Senado a la entrega del paquete de reformas y Scherer expresó que las nueve iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia.
El morenista responsable de coordinar la reforma al Poder Judicial, Germán Martínez, sostuvo que la Cámara no hará ninguna modificación sin los jueces ni la opinión del ministro presidente, Arturo Zaldívar.
“En la reforma de ese poder, seremos aliados de los jueces. No haremos nada sin ellos, señaló tras conocerse que entre las reformas está la de la Ley Orgánica
_ del Poder Judicial de la Federación, que crea los juzgados y tribunales especializados para combatir la corrupción, con jueces designados por el Senado y no por el Consejo de la Judicatura.