Sigue litigio de Oro Negro y gobierno
El tema de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, que en junio de 2019 fue declarada en quiebra por el juez Segundo de Distrito en Materia Civil de CdMx está lejos de terminar. Sigue vigente la orden de aprehensión contra Gonzalo Gil White que se liberó el pasado 26 de noviembre y continúa el litigio dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
De ahí salió la siguiente resolución el martes pasado: “ordena a la demandada (el gobierno mexicano) que haga todos los esfuerzos para colaborar para que el arbitraje se lleve a cabo de manera efectiva, y que se abstenga de adoptar cualquier medida no justificada que pueda agravar la controversia; y solicita a la demandada —y específicamente a la Fiscalía General de la República y a la PGJCDMX— que proporcionen información concreta sobre la existencia de cualquier investigación en contra de Quinn Emanuel y/o sus abogados que actúan en este arbitraje”.
A nombre de los tres integrantes del tribunal, firma el documento de 24 páginas el profesor Diego P. Fernández Arroyo, árbitro presidente, con fecha del 19 de diciembre de 2019. Se refiere al caso CIADI N° UNCT/18/4, y es la sexta resolución procesal en donde las partes plantean sus posiciones sobre el arbitraje relacionado con el TLCAN.
Le recuerdo que Oro Negro fue fundada en 2012 por Gil White y José Antonio Cañedo White para ofrecer servicios a Pemex. Como le expliqué aquí el 25 de julio de 2018, el seis de octubre de 2017 se recibió la notificación de que Pemex Perforación y Servicios cancelaba de forma anticipada los contratos con las plataformas de perforación Impetus, Fortius, Decus, Primus y Laurus, lo que orilló a su quiebra.
En los alegatos de los demandantes ante el Ciadi, entre los que están Alicia Grace; Ampex Retirement Master Trust; Carlos Williamson-Nasi por derecho propio y en nombre de Axis Services, Axis Holding; Frederick J. Warren, John N. Irwin III y José Antonio Cañedo-White, apuntaron que el gobierno mexicano emprendió “una serie de persecuciones 'incesantes' como 'represalia' por la iniciación del presente procedimiento arbitral”, entre ellas ocho investigaciones penales que incluyen fraude procesal, investigación por empresas falsas, amparos duplicados, evasión de impuestos y órdenes de aprehensión.
El gobierno no negó las investigaciones, y alegó que el procedimiento “arbitral no ofrece ninguna inmunidad a las personas físicas o morales que participan en él”. Los integrantes del tribunal comentaron que el “caso parece
_ ser particularmente complejo” por el “alto nivel de litigiosidad entre las partes”, y que no entrará en el análisis de fondo de los diversos procedimientos administrativos, judiciales y policiales en curso porque carece de competencia.