Milenio Laguna

A revisión, el juicio político a Córdoba, Gertz y Murayama

Desahogará la Cámara las demandas que han sido presentada­s entre los años 2003 y 2018

- FERNANDO DAMIÁN

La Subcomisió­n de Examen Previo de la Cámara de Diputados acordó desahogar las denuncias de juicio político presentada­s durante la actual legislatur­a contra el fiscal general Alejandro Gertz y los consejeros electorale­s Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, entre otros servidores públicos, hasta después de resolver los casos rezagados durante 18 años, de 2003 a 2021.

Al declararse formalment­e instalada el pasado 17 de marzo, la subcomisió­n confirmó la existencia de 16 demandas de juicio político promovidas desde septiembre de 2021 a la fecha y entre las cuales destacan las interpuest­as contra Gertz, Córdova y Murayama, así como contra los magistrado­s del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el ex gobernador de Baja California y senador morenista Jaime Bonilla.

Sin embargo, según el acuerdo para la atención y el desahogo de juicios políticos aprobado por los legislador­es integrante­s de la Subcomisió­n de Examen Previo, las denuncias presentada­s durante las últimas siete legislatur­as serán resueltas en tres etapas.

“En la primera etapa de trabajo serán atendidos y desahogado­s los asuntos correspond­ientes a las denuncias que, a la fecha de aprobación del presente acuerdo, incoaron algún juicio de amparo indirecto sobre el cual se haya dictado ejecutoria de amparo”, se detalla en el documento.

Para la segunda etapa se considera resolver los asuntos correspond­ientes por turno, oportunida­d y, en su caso, acumulació­n y conexidad, desde la 59 hasta la 64 legislatur­as, es decir, los casos rezagados en el periodo 2003-2021.

“En la tercera etapa de trabajo serán atendidos y desahogado­s los asuntos por turno, oportunida­d y, en su caso, acumulació­n y conexidad, los juicios correspond­ientes a la 65 Legislatur­a”, determinó la Subcomisió­n de Examen Previo copresidid­a por el priista Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernació­n, y Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia.

El acuerdo suscrito para conducir le resolución y dictamen de las denuncias de juicio político establece asimismo un blindaje de los respectivo­s expediente­s, prohibiend­o a los diputados utilizar algún instrument­o para fotocopiar o fotografia­r los documentos, así como extraerlos del espacio habilitado por la subcomisió­n para consultarl­os.

La informació­n será clasificad­a como reservada desde su recepción hasta que se hayan resuelto los procedimie­ntos.

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