Policías, las más corrompidas por ciudadanos: Inegi
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Las corporaciones de Seguridad Pública, incluyendo a las de Tránsito, son las instituciones con las que los ciudadanos en México cometieron más actos de corrupción durante 2015, pues en 55.2 por ciento de los trámites que se realizaron hubo al menos un acto deshonesto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2013 el porcentaje de trámites frente a autoridades de seguridad pública era de 50.6 por ciento, por lo que en solo dos años, la corrupción frente a la policía creció casi cinco puntos.
Después de la policía, las gestiones ante el Ministerio Público son en los que más se registran actos de corrupción, al sumar 23.7 por ciento, seguido de los trámites para abrir una empresa (22.3 por ciento) y las diligencias en juzgados o tribunales (21.8 por ciento).
En 2015, según la encuesta, más de 3 millones 154 mil personas mayores de 18 años tuvieron contacto con autoridades de Seguridad Pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas, entre otros, de las cuales, un millón 741 mil (55.2 por ciento) reportaron haber experimentado algún acto de corrupción.
En total, ese año, el Inegi reportó que hubo 9 millones 908 mil actos de corrupción a escala nacional en todos los trámites en oficinas públicas, los cuales fueron experimentados por al menos 4 millones 144 mil usuarios de dichos servicios públicos.
La entidad donde más actos de corrupción hubo ese año fue el Estado de México, donde se registraron 3 millones 634 mil 752, es decir, 62 mil 160 actos deshonestos por cada 100 mil habitantes, seguido de la Ciudad de México, donde hubo un millón 130 mil 692 actos corruptos, es decir, 25 mil 889 por cada 100 mil habitantes.
La encuesta permitió estimar que en 2015, el costo total, a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades ascendió a 6 mil 418 millones de pesos, lo que equivale a 2 mil 799 pesos por cada persona afectada.
En el caso particular del contacto con las autoridades de Seguridad Pública, el costo de la corrupción a escala nacional en 2015 ascendió a mil millones de pesos, lo que significa que cada persona se vio afectada con 972 pesos en promedio.
De cómplices a víctimas
La investigación del Inegi sirve para que los ciudadanos evalúen su experiencia en trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades y detalla que para el caso de la corrupción se aplica desde la perspectiva de la víctima, lo que implicó reducir el estigma de “complicidad” al entrevistado y ubicarlo como víctima del cohecho.
Desde ese punto de vista, en 2015, en promedio, 12 mil 590 personas por cada 100 mil habitantes en México fueron víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron ante instituciones públicas.
Ayer, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó la segunda edición del documento “Anatomía de la Corrupción en México”, el cual incorporó estas y otras estadís- ticas de encuestas realizadas por diferentes instituciones el último año.
El reporte señala que en 2015, la organización Transparencia Internacional colocó a México en el ranking de corrupción en el lugar 34 de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recomendó defi nir a la corrupción como un problema de “sobrevivencia nacional” para darle prioridad en la agenda pública; convertir el control de la corrupción en un pilar estratégico del sistema de gobierno, “en el que se opere con base en principios meritocráticos que permitan a la población observar que las recompensas están atadas al esfuerzo personal y no al influyentismo o a medios corruptos”.
Además, tener claridad de las reglas acompañadas del rigor en su observancia, aplicar la ley sin distingos y no diferenciar entre pequeños y grandes actos de corrupción ni entre funcionarios públicos y privados o entre gobernantes y gobernados.
La encuesta se levantó del 3 de noviembre al 15 de diciembre del 2015.
Su objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de Seguridad Pública y justicia, que aporte elementos para la toma de decisiones de política pública.