Los alcaldes
En la portada del Reforma hace unos días aparecía una especie de organigrama de un grupo criminal con un jefe, una serie de lugartenientes, y los presidentes municipales que colaboraban con ellos: Miacatlán, Tetecala, Tlaquiltenango y otros. Era uno más, como hemos visto docenas de cuadros en los últimos años. El titular: “Revelan narcos pagos a alcaldes”, y el balazo: “Somete ‘El Carrete’ a ediles…”. El texto dice que El Carrete “financió campañas” para que le “garantizaran impunidad en sus actividades criminales”, pero dice también que los alcaldes pagan “derecho de piso al capo”, y que hay “miembros del cártel en los cabildos… para controlar la obra pública”.
Son flecos de un expediente filtrado por un ministerio público, con posibles declaraciones de presuntos criminales que dicen todo eso. O sea, que no hay motivo en realidad para darle mucho crédito —ni mucho menos ocho columnas.
La relación de los alcaldes, esos alcaldes de pequeñas localidades, y “el crimen organizado” es de los asuntos más turbios del relato convencional. Las historias son confusas. A veces están en la nómina, y cobran, a veces pagan, a veces son cómplices, compran o venden protección, y se trata de drogas o de secuestros, de minas, de obra pública. La historia estereotipada, donde están los cárteles en el mundo criminal, tratando de corromper a la república, se desmorona en cuanto se mira de cerca un caso cualquiera.
Intento sacar algo en limpio. En primer lugar, la frecuencia de los casos dice que los alcaldes importan, incluso los de esas localidades pequeñas, y muy pequeñas, es decir, que el aparato institucional del Estado está presente, y es necesario tenerlo en cuenta para muchas cosas —bajo la forma de esos alcaldes a los que es tan fácil menospreciar desde una oficina en Paseo de la Reforma. No es trivial. Por otra parte, esa relación constante, fluida, masiva, múltiple, significa que “el crimen organizado” no es ajeno al orden político local ni a la vida cotidiana, ni a los negocios, y que su actividad no es puramente predatoria —y no sencillamente criminal. Acaso, para entender lo que pasa, habría que empezar a pensar que ese nexo partido-municipio-policíagrupos armados es la forma concreta del Estado en buena parte del territorio. Vista así, la guerra contra el narco parece otra cosa.