Ejecuciones y fallas técnicas
Se le conoce como “el cuarto de los testigos”. Es una habitación lo suficientemente grande como para desplegar una veintena de sillas. Ahí llegan autoridades locales, abogados, periodistas y familiares, varios familiares, tanto del reo que será ejecutado en la “cámara de la muerte” como de las víctimas del condenado.
De acuerdo con cada uno de los 31 estados de la Unión Americana que mantienen vigente la pena capital, los invitados a atestiguar una ejecución oficial pueden variar, aunque prácticamente siempre incluyen un clérigo y varios periodistas.
De acuerdo con Charles Davis, decano del Colegio Grady de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad de Georgia, es crucial que los reporteros atestigüen las ejecuciones para dar fe de que el protocolo de un estado en materia de pena de muerte funciona y se sigue al pie de la letra.
“En un sistema con pena capital”, abunda Davis, “es muy importante que los representantes de los medios sean los ojos del público”.
Impermeable a las recomendaciones in- ternacionales de abolir la pena de muerte, de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos, estén o no dentro de una prisión, Estados Unidos no ha tenido empacho en continuar alimentando con almas humanas el engranaje más radical de la política punitiva. Treinta y uno de los 50 estados de la Unión Americana aplican la pena de muerte. El método varía según la entidad, aunque la inyección letal es el método más socorrido. De acuerdo con el Centro de Información de la Pena de Muerte, en algunos estados los prisioneros condenados a morir pueden elegir una forma alternativa en caso de que no deseen ser inyectados con un coctel letal de drogas. La electrocución está vigente en nueve estados norteamericanos: Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Misisipi, Oklahoma, South Carolina, Tennessee y Virginia, mientras que la cámara de gas es una opción en seis estados: Arizona, California, Misisipi, Misuri, Oklahoma y Wyoming. El método de la horca se aplica en Delaware, New Hampshire y Washington. El fusilamiento es una alternativa en Misisipi, Oklahoma y Utah. Un dato a destacar es que esta fórmula ha sido puesta en práctica solo tres veces desde 1976. Ron Word, periodista hoy retirado que reporteaba para la agencia Associated Press, atestiguó más de 60 ejecuciones aplicadas de forma institucional. Varias de ellas resultaron impresionantes incluso para un informador ya experimentado como Word.
Ángel Nieves Díaz, un puertorriqueño convicto por asesinar a balazos al gerente de un club de nudistas en Florida, fue ejecutado el 13 de diciembre de 2006 por la vía de la inyección letal.
En teoría, Nieves debía morir 10 minutos después de que los líquidos entraran en sus venas. La ejecución se prolongó por casi hora y media. Fue necesario que le inyectaran dos dosis adicionales. Pero nada. El convicto continuaba moviéndose, parpadeando, incluso un par de veces volteó a ver al público, compuesto por 25 testigos.
Un caso espeluznante, ocurrido en la cámara de la muerte de Florida, lo protagonizó el refugiado cubano Pedro Medina, de 39 años, condenado por matar a uno de sus vecinos, un profesor de primaria.
Medina fue colocado en la silla eléctrica. Tuvo tiempo de gritar “¡Soy inocente!” Segundos después de que el verdugo accionó el interruptor, un penacho de flamas cubrió la cabeza del convicto, cuyo cuerpo se sacudía ante los embates de los voltios.
Una vez que los asistentes apagaron la esponja en la cabeza del reo que había provocado el peculiar incendio, y después de que la descarga fue interrumpida, ¡Medina seguía vivo!
Pedro Medina es el único convicto que ha sido ejecutado dos veces.