¿Se gobierna nada más para los simpatizantes?
No tengo memoria de que alguno de los anteriores jefes del Estado mexicano hubiera arremetido contra todo un grupo social. Si dirigimos nuestra mirada al pasado, la comparación con la figura que más se pudiere acercar al perfil del actual Presidente de México sería casi obligada: es sabido que Luis Echeverría no simpatizaba con los empresarios pero, después de todo, su discurso nunca se dirigió a denostar a millones de conciudadanos suyos endosándoles, además, ofensivas descalificaciones e invalidando, como si se tratara de un defecto de la personalidad, su natural impulso a superarse y mejorar sus condiciones de vida. Por lo menos de dientes para fuera, el sucesor directo de Gustavo Díaz Ordaz fue, como toca, presidente de todos los mexicanos, más allá su condición de gran tlatoani priista, de su disposición a reprimir a los activistas de izquierda, de su consustancial talante autoritario, de su rancio nacionalismo y de su fiera retórica populista.
La embestida presidencial contra la clase media discrepante se aparta radicalmente de los usos a los que debiera someterse, por mandato constitucional, un ciudadano que acumula, en su persona, dos funciones: primeramente, fungir como presidente de un gobierno constitucional; en segundo lugar, encabezar un Estado soberano y, en esta última condición, representar en conjunto a los pobladores de una nación entera.
Lo inquietante del tema es que la acometida desde el supremo púlpito matinal le adjudica, a un estrato completo de nuestra sociedad, la categoría de adversario político (dicho esto con prudencia y la correspondiente temperación, porque en la rudimentaria visión dicotómica que propala la 4T, los tales adversarios son enemigos —al igual que los opositores y los disidentes—, por no hablar de que llegan a sobrellevar el mote de “traidores”) y, a partir de ahí, la perspectiva de que pueda ser objeto, ese segmento social, de políticas públicas lesivas y de acciones gubernamentales que desatiendan deliberadamente sus intereses.
En un régimen democrático se gobierna para todos, no solamente para los simpatizantes. Quienes votan en contra no son merecedores de condenas. Son individuos soberanos con derechos. Así de simple y así de claro.
No son acreedores de condenas quienes votan en contra