Economía digital mexicana
Hace un par de décadas hablábamos de internet y el reto que implicaba tan solo acceder a la red. Después, las redes sociales tomaron una inusitada fuerza que se han puesto a la par de lo que se veía como un cuarto poder. No mucho tiempo después se comenzó a hablar de la generación de cantidades industriales de información a partir de herramientas de inteligencia artificial y su análisis, el Big data y, más reciente, la discusión se ha tornado en lo que para muchos es una democratización del acceso a la nueva riqueza electrónica: las criptomonedas, que a su vez representan diversos tipos de tecnologías aprovechables en ámbitos que pueden ir desde transacciones bancarias y contratos, hasta videojuegos o registros de la propiedad.
Esto es el imperativo tecnológico en acto. Llegó al desarrollo económico en donde los modelos tradicionales de negocio, mercados y la interacción entre agentes son sometidos a un “si tecnológicamenteesposible,sehace”paraelevarel valor de las empresas dentro de la llamada economía digital. Personas que por un lado crean tecnología, desarrollan algoritmos, programan y atienden toda la infraestructura virtual necesaria; por otro, aquellas que proveen bienes y servicios a través de plataformas; y quienes son consumidores finales. Todas, personas que con su interacción contribuyen en generar una cada vez más nítida radiografía del comportamiento económico a nivel empresa, sector, región o país.
No obstante, hay casos como el mexicano en que persiste una asimetría entre la participación del sector privado y público en donde los primeros son unos verdaderos velocistas digitales, mientras que los segundos parecen ir caminando con pobres resultados al amparo de justificaciones como “al final se cumplió”.
El país debe concretar el crecimiento y expansión de su economía digital. Una manera de lograrlo es a través de la mejora regulatoria, de modo que ésta vaya de la mano de una estrategia tecnológica nacional y robusta (que hoy no está presente en el país). Se deben evitar a toda costa marcos jurídicos complejos y de difícil acceso para empresas, negocios e industrias, independientemente de su giro comercial y ubicación a nivel nacional; regulaciones dispersas que imponen controles en la calidad de la prestación de servicios, que en algunas ocasiones podrían abrir la puerta a actos de corrupción y a la ineficiencia en el gasto público; desigualdades y violaciones de derechos de los agentes económicos; ausencia de adecuados mecanismos de colaboración entre órdenes de gobierno; incertidumbre jurídica sobre los requisitos, trámites y cumplimiento de la regulación administrativa para todo tipo de empresas; o costos de transacción para la evaluación de la conformidad de las normas. México tiene todo para dejar de caminar y ser un velocista digital.