¡Son esos tres penales!

Es innegable: las llamadas vienen de penales. En todo México, un secuestro virtual, fraude, amenaza o pseudoextorsión que entra a través de la línea de teléfono, tiene origen en su gran mayoría, en un penal estatal.

Aquí es importante abrir un paréntesis: las llamadas provienen de tres o cuatro penales estatales en específico, para no generalizar y mucho menos afectar a quienes están avanzando a pesar de los retos de menos recursos y más internos.

Las llamadas para robar los números de whatsapp (por cierto ¿ya le puso clave a su cuenta y contraseña a su buzón?), y luego argumentar un accidente ante los contactos del poseedor original de la cuenta, también tienen su origen en esos tres penales.

Así, no solo es tener acceso a una línea telefónica, sino también acceso a internet para conocer nombres, direcciones, números de teléfono y hasta los nombres de las personas propietarias. Todos los datos que se necesitan para generar pánico en quien recibe la llamada en la que “el cártel” le pide un pago a cambio de no hacerle daño.

Anteriormente, cuando a nivel nacional se contaba con una Policía de investigación, las llamadas recibidas al 088 y el trabajo profesional para dar seguimiento a los casos, permitía que desde un nivel central, en coordinación (y con autoridad) con los estados, se pudiera dar seguimiento a este tipo de llamadas y por ende, al menos “jalarles las orejas” a los estados culpables y pedirles que le “prendieran” al bloqueador de señal.

Para solucionar la extorsión, hoy se habla de que la ciudadanía “regale” a particulares sus datos biométricos cada que saca una nueva línea telefónica, a fin de comprobar que no se trata de un criminal, de aumentar penas, dar prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera.

En la práctica, se trata de delitos que pudieran ser incluso considerados “menores” dado que pueden caer en modalidad de fraude y por ende, son del fuero común. Así que a falta de una estrategia nacional para investigar y ministerializar los casos, se convierten en delitos del fuero común, con los que cada estado debe lidiar… para luego buscar la coordinación con el estado que no está cumpliendo con el principio básico de que la población legalmente privada de su libertad, esté incomunicada y sin delinquir.

¿Puede convencer un estado a otro? Ojalá, porque el camino para responsabilizar a sus directivos, señalar la corrupción, sancionar funcionarios y darle una pena adicional al delincuente, suena a un camino mucho más largo, que le está costando mucho a la ciudadanía que paga por el miedo o por la ignorancia.

Y no, Guanajuato no está en lo absoluto en la lista de penales desde donde se originan las llamadas fraudulentas, pero tal vez si uno de sus estados vecinos.

Las llamadas provienen de tres o cuatro penales estatales en específico