Captura de Glas, “ilegal y arbitraria”, indica jueza; tribunal lo deja en prisión
Tensión bilateral. México presentó de manera formal ante la Secretaría General de la ONU una demanda contra Ecuador
de las personas migrantes, durante en 2023 en México disminuyó en al menos 56 por ciento. De los “53 mil 348 casos, 77 por ciento fueron hombres y 23 por ciento mujeres”.
Más caravanas
En su búsqueda por llegar a EU y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades mexicanas, los migrantes varados en Tuxtla Gutiérrez comenzaron a organizarse en caravanas para continuar su camino.
Ayer salió el tercer grupo compuesto por aproximadamente 600 indocumentados, entre niños, jóvenes y adultos mayores, quienes se concentraron en la zona poniente para cruzar el retén de migración sin ser detenidos.
Las dos caravanas anteriores, una compuesta por 300 y la segunda por 600 personas, siguieron la misma logística, luego de concentrarse en un punto cercano a la salida de Tuxtla.
“¿Por qué decidimos salir en
caravana? Porque si uno paga un autobús, migración lo agarra y lo devuelve. Y si lo intenta nuevamente, lo vuelven a hacer. Uno pregunta por los salvoconductos y la respuesta es que ellos no dan nada”, expresó Elian, migrante venezolana.
En las tres caravanas, los migrantes fueron escoltados por policías estatales, ambulancias y personal del Grupo Beta, así como Protección Civil, quienes caminaron por la carretera Panamericana, llegando hasta el municipio de Ocozocuautla.
Cabe destacar que debido a las condiciones por las que pasan los migrantes, muchos caminan enfermos y con dolencias en el cuerpo, sobre todo llagas en los pies.
Con información de: Abraham Jiménez
La jueza Mónica Heredia determinó que la detención del ex vicepresidente Jorge Glas en la embajada de México fue “ilegal y arbitraria”, pero un tribunal dispuso que el ex funcionario siga en prisión para que cumpla una condena pendiente por casos de corrupción.
Una semana después de la incursión policial en la sede diplomática, la impartidora de justicia explicó que quedó evidenciada la vulneración de la libertad personal de Glas, por lo que “correspondería su inmediata libertad”.
Abundó que la detención no cumplió con las formalidades de comunicar previamente a las autoridades pertinentes la decisión de allanamiento a la embajada.
Pese a la decisión de la jueza, un tribunal decidió que Glas continúe en prisión debido a que ya fue condenado en dos casos de corrupción y se mantiene contra él una investigación abierta.
“No es procedente conceder libertad al ciudadano al existir en su contra otra orden de prisión de libertad distinta” a la que motivó el pedido de habeas corpus. Glas estuvo presente vía remota en la lectura del fallo.
La defensa del ex vicepresidente había presentado el recurso de habeas corpus (que busca restituir la libertad de una persona cuando su detención se considera ilegal o arbitraria), a fin de que Glas continuara su proceso afuera de la cárcel.
El ex vicepresidente tiene pendiente por cumplir el total de la pena de prisión de ocho años dispuesta por sentencias de la Corte Nacional en dos casos de corrupción, pero además es investigado en otro caso por malversación de fondos públicos en las obras de reconstrucción de dos provincias tras un terremoto en 2016.
Glas, quien se refugió en la embajada mexicana desde mediados de diciembre para evitar la acción de la justicia en este último caso, está recluido en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad portuaria de Guayaquil, donde se informó que sigue una huelga de hambre.
El ex funcionario, desde prisión, relató cómo fue detenido y aseveró que los efectivos policiales lo maltrataron y le propinaron patadas. Insistió en que es víctima de una persecución política y negó los delitos por los que está sentenciado, así como por los que es investigado.
La secretaria jurídica de la presidencia, Mishele Mancheno, negó las agresiones relatadas por Glas y justificó la captura aduciendo que “el asilo irregular no impide que se cumpla una orden de detención”.
Reiteró que el ex vicepresidente tiene sentencias por delitos comunes, con lo cual “no ha existido ninguna actuación fuera del ordenamiento jurídico”.
Las tensiones binacionales entre Ecuador y México continuaron ayer, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó a la Secretaría General de la ONU, la denuncia formal por el asalto a la embajada.
México solicitó que la denuncia, que incluyó evidencia fotográfica así como una relatoría técnica de los hechos, sea distribuida entre los miembros de la organización e incorporada en la agenda de la Asamblea General bajo el tema “Examen de medidas eficaces para mejorar la protección y la seguridad de misiones y los representantes diplomáticos y consulares”.